El Ayuntamiento sólo buscará otro empleo a prostitutas con papeles
Los asistentes sociales han atendido a 368 mujeres y 21 han dejado la calle
![Àngels Piñol](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F2996def5-4f7d-4ecf-ada6-746768fac215.png?auth=4edcab0cb2f418f595b64b8e453c1c1ede58c476b20f5338b20762076716a89d&width=100&height=100&smart=true)
El Ayuntamiento aprobó en 2006 una ordenanza contra el incivismo que sancionaba, entre otras cosas, la prostitución en la calle, y a la par, para compensar, creó la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (Abits) uno de cuyo objetivos era facilitar una salida a las mujeres que desearan abandonar ese trabajo. La regidora de Mujer y Juventud, Elsa Blasco, de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), presentó ayer el balance de 2007 y subrayó que se han abierto en el Raval 368 historiales a otras tantas mujeres. Pero únicamente 50 (de ellas, siete extranjeras sin papeles) decidieron participar en cursos de formación de 10 meses para encontrar otro empleo. Sólo 21 ya lo han logrado.
El plan prevé dar a las interesadas ayudas de 600 euros al mes para compensar su salida de la calle. En total, se han organizado cuatro cursos y 12 de las 40 mujeres inscritas ya han encontrado otro trabajo. Paralelamente, nueve prostitutas se han recolocado como auxiliares de geriatría. Además, otras 60 han acudido a los pisos de acogida para abandonar la calle. Blasco admitió que no se puede hacer un balance "triunfalista", pero subrayó que el plan es un instrumento útil y el único de características similares que funciona en España. Sin embargo, a partir de ahora se hará una salvedad: sólo podrán acceder a los cursos de formación prostitutas con permiso de trabajo y residencia en el país. "Tenemos un ámbito de actuación determinado y no podemos superarlo", admitió Blasco, consciente de que hay muchas extranjeras que se prostituyen porque carecen de otra salida laboral.
Las mafias rumanas mandan en el sector: el 45% de las prostitutas que han pedido ayuda son de esa nacionalidad, el 21% españolas y el 18% latinoamericanas. Sus demandas son atención básica (desde comida a ropa) y tramitación de tarjetas sanitarias y de documentación. Blasco admitió que las sanciones de la ordenanza "no hacen ningún favor al plan" y recordó que ICV votó en contra de esa normativa.
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