La Sindicatura de Cuentas pide que Antifraude pueda investigar a los diputados

La tramitación de la ley de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) dio ayer un giro inesperado con la comparecencia en el Parlament del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas, Joan Colom, quien reclamó que este organismo pueda controlar e investigar a los diputados. Colom entiende que la redacción actual de la ley de la OAC no incluye esta competencia y que no tiene sentido un organismo de este tipo que no pueda investigar y controlar a los diputados catalanes.

El síndico mayor expuso que la OAC es "el único organismo de su tipo que no ve incluida de forma explícita su competencia para fiscalizar al Parlament y a los parlamentarios", y pidió que se tengan "más en cuenta" los antecedentes de organismos similares ya existentes, como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

De todas formas, Colom destacó su apoyo a "cualquier medida que se introduzca para mejorar el uso y el control del uso de los fondos públicos".

Peligro de duplicidad

A pesar de estar a favor de la creación de la OAC, siempre que sea un organismo completo y pueda investigar a parlamentarios, Joan Colom advirtió de posibles duplicidades: "Parece difícil que con la creación de otro organismo de control, con funciones y procedimientos similares a los de los organismos ya existentes, se consiga un instrumento más rápido y efectivo en la lucha contra el fraude".

Sobre la necesidad de que la OAC dependa de la Sindictura de Cuentas, Colom no escondió sus preferencias favorables a ello, pero puntualizó que asumirá "lo que diga el Parlament". Asimismo argumentó que la sindicatura detecta irregularidades, pero no determina si son por negligencia o por fraude, tarea que podría realizar la OAC basándose en el informe de la sindicatura, y que vería "fuera de lugar" que la OAC paralizase una investigación de la sindicatura simplemente porque tiene preferencia en investigaciones sobre el mismo asunto. Colom considera que si la sindicatura detecta responsabilidad penal en una fiscalización, el caso debe trasladarse a la Fiscalía General, no a la Oficina Antifraude.