La Junta abre la vía para legalizar el centro comercial de Roquetas

La Junta ha abierto la vía para una futura legalización del centro comercial Gran Plaza, en Roquetas de Mar. La Consejería de Obras Públicas ha remitido al ayuntamiento de la localidad, gobernado por Gabriel Amat, presidente del PP de Almería, un escrito en el que le exige la revisión de las licencias de obras y de primera ocupación concedidas entre noviembre de 2003 y julio de 2004 a General de Galerías Comerciales, empresa propietaria de la superficie que dirige Tomás Olivo, uno de los empresarios implicado en el caso Malaya.

El documento de Obras Públicas recuerda al Ayuntamiento la nulidad de los acuerdos municipales que concedieron la licencia para construir el centro comercial. Destaca que son "contrarios a derecho" por habilitar una edificación muy superior a la permitida -180.016 metros cuadrados distribuidos en tres plantas frente a los 37.000 metros cuadrados de suelo aprovechables que fijaba la ficha urbanística del sector- y por ocupar espacios previstos para uso público.

A pesar de que estas actuaciones están tipificadas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía como infracciones de carácter grave y muy grave, según recoge el escrito, la revisión de las licencias no supone un nuevo paso para el cierre de la polémica superficie comercial, sino "un punto de partida" para buscar una solución que venga a regularizar el establecimiento, según explicaron fuentes de la Consejería de Obras Públicas.

Se emprenderá este camino de la mano del consistorio y desde el ámbito administrativo, prescindiendo de la justicia, que en noviembre de 2006 rechazó el cierre del centro comercial "por el inconmensurable coste social" que supondría su clausura. Previamente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había declarado ilegal la licencia que concedió el Ayuntamiento al empresario. El consistorio obvió un informe vinculante desfavorable de la Consejería de Economía. Aunque la decisión fue recurrida por la Junta ante el TSJA, el hecho de que el mismo tribunal anulase, en junio de 2007, por falta de fundamentos el informe en el que previamente sostuvo la anulación de la licencia, hará difícil que prospere la medida.Entre esta maraña judicial, el camino abierto para urgir la nulidad de las "viciadas" licencias de obras y de primera ocupación responde a la percepción por parte de Obras Públicas de que el cierre del Gran Plaza es socialmente inviable. Tal y como ya estableció el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 en noviembre de 2006, la medida supondría un "sacrificio innecesario de riqueza y un inconmensurable coste social" para los más de 4.000 empleados directos e indirectos del centro.

Por ello, el requerimiento remitido al consistorio roquetero sienta las bases para un proceso de diálogo entre el Ayuntamiento y la Junta " tendente a buscar los mecanismos mediante los que se resuelve la situación". "Las licencias son nulas, por lo que hay que revisarlas y anularlas", sentencian desde Obras Públicas. Posteriormente, señalan, se hará viable una nueva revisión mediante la que, sin contravenir el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se puedan conceder unos nuevos permisos que no sean ya contrarios a derecho.

En esta vía "habrá sin duda que buscar medidas de compensación" para restituir a la ciudadanía el suelo público invadido, dicen desde la Junta, aunque "aún no se ha concretado una fórmula". Mientras Obras Públicas espera una respuesta del consistorio que, por el momento, no se ha producido, en principio no se plantea desde la Junta la imposición de sanciones económicas.