Bruselas demandará a España si la obra de la M-501 daña la naturaleza

La marcha atrás del Gobierno de Esperanza Aguirre en su tesis inicial de que los trabajos de duplicación de la M-501, la carretera de los pantanos, no requerían una declaración de impacto ambiental no cierra el paso a la demanda de Europa contra la obra. Y ello pese a lo que afirmaron ayer varios dirigentes populares, entre ellos el consejero de Transportes, Manuel Lamela.

Lamela dice desconocer si hará el desdoblamiento de la vía hasta Ávila

La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE si las obras que acomete la Comunidad de Madrid para desdoblar la carretera no cumplen estricta y plenamente el plan de trabajo que ésta se ha autoimpuesto. Este proyecto, entregado a la Comisión junto al compromiso de realizar una declaración de impacto ambiental, impone requisitos de sostenibilidad para la infraestructura. Y afecta a cada uno de los tramos en que la Consejería de Transportes ha fragmentado el proyecto y también al conjunto de la obra. "Plenamente es la palabra clave", señalaba ayer una portavoz de la Comisión.

Bruselas se vio sorprendida el pasado otoño por la tardía oferta de la Comunidad de Madrid de acatar y cumplir las directivas sobre la conservación de hábitats naturales y sobre las repercusiones medioambientales del desdoblamiento de la carretera de los pantanos.

Era la respuesta fuera de plazo de Aguirre -la Comisión Europea le había concedido el pasado marzo dos meses para presentar un estudio ambiental- a la decisión del pasado julio del Ejecutivo comunitario de elevar el caso al Tribunal de Luxemburgo. Entre las objeciones de Bruselas figuraba la división del proyecto en cinco partes para escamotear la preceptiva declaración de impacto global.

La Comisión fue flexible y aceptó el propósito de enmienda de la Comunidad de Madrid, que prometió cumplir sin dilaciones con todas las obligaciones de respeto y evaluación medioambiental. Además, el Gobierno regional se comprometió a presentar cada dos meses a Bruselas un informe sobre la evolución de la situación sobre el terreno.

Este acuerdo tardío entre la Comisión y la Comunidad ha paralizado el procedimiento judicial, pero el Ejecutivo comunitario mantiene que el proceso cobrará nueva vida si Madrid no respeta plenamente lo pactado, según la misma portavoz. Ahora la Consejería de Transportes ha dado los primeros pasos para cumplir el procedimiento al convocar un concurso para redactar los estudios ambientales de los diferentes tramos de la obra. Después examinará el impacto global de un proyecto que ya tiene finalizados 22 kilómetros (entre la M-40 y la M-522) y otros 18 en obras (hasta Navas del Rey).

Ese paso ha revelado que Transportes estudia desdoblar la vía hasta Ávila, algo que no había reconocido oficialmente (véase EL PAÍS de ayer). Pero el consejero de Transportes, Manuel Lamela, dijo que no posee "una bola de cristal" que le adelante si finalmente se hará la obra hasta ahí, informa Pilar Álvarez.

Pero los grupos de la oposición (PSOE e IU) pusieron ayer el grito en el cielo. Han registrado preguntas para que Aguirre responda en la Asamblea sobre el cambio de opinión acerca de la declaración ambiental de la obra y solicitarán la comparecencia del consejero. El socialista Modesto Nolla quiere preguntarle hasta dónde duplicará la M-501.

Ecologistas en Acción y Sierra Oeste Desarrollo SOStenible afirmaron, que la Comunidad quiere ahora "burlar las posibles sanciones y dar carta de naturaleza legal a una actuación contraria" a las leyes europeas.