Una pesadilla pirotécnica

Salvador García despertó con la cara ensangrentada y entre escombros. Su mujer, Matilde Cualladó, con seis costillas rotas. Su casa acababa de saltar por los aires al explotar junto a ella un carro lleno de material pirotécnico que paseaba un grupo de jóvenes durante una despertà de las fiestas del Cristo en Catarroja. Una chispa encendió las carcasas y desató el horror: un joven de 17 años fallecido, una decena de heridos, al menos seis casas en ruina y varias decenas con daños importantes, coches destrozados... Ocurrió el 19 de septiembre de 1999. Casi ocho años después, los afectados aún no han cobrado la indemnización por aquel desastre.

"¿Lo aclararemos algún día, hijo?' Es la pregunta que solía hacerme mi padre. Se murió en 2006 sin indemnización". Lo cuenta Salvador García Cualladó, de 52 años, sentado junto a su familia, su madre, de 80 años, y otros afectados de la calle de Colón de Catarroja en una salita de la casa que reconstruyeron tras la explosión. El proceso judicial se eterniza, sigue abierto.

A una larga instrucción del suceso siguió un juicio en 2004 que absolvió a los 11 acusados, entre ellos integrantes de la Cofradía de Clavarios del Cristo de la Piedad, un ex trabajador de la Pirotecnia Arnal -que había vendido los petardos-, un representante de la empresa y dos policías locales. Un año después, la Audiencia de Valencia dio la vuelta al caso y condenó a la persona encargada de disparar las carcasas en las fiestas por una falta leve de imprudencia con resultado de muerte. La pirotecnia fue declarada responsable civil subsidiaria, y su aseguradora debía hacer frente a las indemnizaciones. La ejecución de ese fallo se ha complicado con varios recursos, explican fuentes del despacho de abogados que defiende los intereses de 25 afectados, entre ellos la familia de Salvador. La Audiencia tiene pendiente un ¿último? recurso sobre la indemnización, que las víctimas ven demasiado baja.

El caso es que siguen sin cobrar, y temen no hacerlo nunca, entre otras razones porque la aseguradora de la pirotecnia ha quebrado y consideran difícil que la empresa pueda hacer frente al pago. La comisión administrativa que liquida la aseguradora debe reconocer la deuda de la sentencia, pero los vecinos no se fían. La pirotecnia estaba cubierta por unos 600.000 euros; los daños materiales, físicos y morales calculados por los abogados alcanzan el doble. "Esto está en punto muerto. Nos sentimos impotentes al ver que esto no se aclara", protesta José Luis Estellés, de 54 años, mientras muestra las fotografías de los destrozos en el horno que regenta y en su casa. Se emociona cuando evoca aquella mañana. "Es que mi hijo se salvó de milagro", recuerda.

Ante la falta de respuesta institucional y judicial, los afectados se han movilizado para que no se olvide su situación. Los que perdieron sus casas suscribieron préstamos para reconstruirlas -lo desembolsado por los seguros del hogar no llegaba-. Los bancos aceptaron un largo periodo de carencia para su devolución y el Ayuntamiento ha adelantado el pago de los intereses a la espera de que los afectados los devuelvan cuando cobren. Pero el tiempo se acaba, y algunos temen tener que devolver los créditos sin haber visto la indemnización. "La gente cree que nos han pagado la casa. No es así", resalta Isabel Ramón, de 42 años, colgada de un préstamo para recuperar su casa. También se le echan encima los plazos a María del Carmen Martí, cuyo suegro salió de una casa con las ventanas arrancadas de cuajo y falleció antes de regresar. "A partir de la explosión ya no estuvo bien", explica. Tampoco el padre de Sonia Ramón, de 38 años, llegó a ver su nueva casa; murió cuando "estaban a punto de entregarla".

"Alguien tendrá que responder por esto", enfatizan los afectados, que recuerdan las promesas de los políticos de que todo se arreglaría. De la justicia esperan poco y varios de ellos exigen al Ayuntamiento que reaccione. Autorizó los festejos y en su opinión es el responsable "social" de una explosión cuya onda expansiva no acaba.