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La extorsión al hotel de Marbella comenzó cuando Urquía era juez

El levantamiento del embargo a cambio de dinero se planteó en mayo

El plan para conseguir que los dueños de un hotel de Marbella (Málaga) intervenido judicialmente en la operación contra el blanqueo de capitales bautizada Hidalgo desembolsaran entre 5,6 y 8 millones de euros a cambio de que se levantaran las medidas cautelares sobre la propiedad se puso en marcha cuando el juez Francisco Javier de Urquía estaba al frente de la instrucción del caso y tenía plena potestad para decidir sobre la administración judicial.

El intento de extorsión, en el que está imputado el juez suspendido y dos empresarios amigos personales de Urquía, comenzó en mayo de 2007, según fuentes cercanas a la investigación.

La primera cita se produjo en Londres el 2 de mayo del año pasado

La operación se frustró al no volver Urquía al juzgado de Marbella

El día 2 de este mes, un representante del grupo de sociedades relacionadas con el hotel Puente Romano, ahora testigo protegido, se citó en Londres con una persona ajena a la causa que le trasladó la posibilidad de hacer este negocio.

Le garantizaban el levantamiento de las intervenciones judiciales y los bloqueos de cuentas a cambio de una contraprestación económica. "La conversación fue genérica", señalan fuentes consultadas. El gancho estaba lanzado.

El representante del hotel, que poco después denunció todo a la Guardia Civil, quiso saber un poco más y accedió a mantener un segundo encuentro, celebrado el 11 de mayo en Madrid. En esta ocasión se reunió con uno de sus principales interlocutores, el empresario Igor Mier, director de la revista de lujo Social Life y amigo de Urquía. Durante más de una hora de conversación, Mier detalló el supuesto favor judicial, al que puso un precio millonario, añaden estas fuentes.

El empresario al que iría dirigida la extorsión era David Shamoon, imputado en el caso Hidalgo por blanqueo de capitales y propietario del hotel Puente Romano y Marbella Club. Según fuentes consultadas, la acusación de Shamoon se redujo en diciembre a un delito contra la Hacienda Pública, por lo que la responsabilidad pecuniaria establecida por el instructor bajó de 171 millones a 57,2 millones.

La denuncia del representante de la empresa abrió una investigación, ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que Urquía está imputado por prevaricación, cohecho, revelación de secreto y su amigo Igor Mier, por cohecho y revelación de secreto.

La causa también ha salpicado otro de sus amigos, el empresario Arnaud Fabrice Bouhair, acusado de cohecho y revelación de secreto. Bouhair ya acompaña a Urquía en la primera causa que le abrió el TSJA y por la que fue apartado del juzgado número 2 de Marbella en julio. La defensa de Shamoon tiene intención de personarse como perjudicado por la actuación de Urquía.

A pesar de la suspensión del magistrado, las conversaciones siguieron en los siguientes meses. Según fuentes judiciales, Igor Mier llegó a exigir ocho millones de euros amparándose en que el levantamiento de las medidas cautelares se haría en un máximo de tres días y en una de las últimas reuniones volvió a bajar el precio a 6 millones "por la demora".

Los investigadores subrayan en sus informes que Mier daba muestras de conocer el desarrollo judicial del caso, sin embargo no se refiere directamente a Urquía sino a "las personas de Madrid con las que pretende hacer creer que está trabajando". El plan debería materializarse con un ingreso en una cuenta de Suiza o Praga, aunque terminaron por desestimarlo en octubre, cuando vieron que la incorporación de Urquía al juzgado no llegaba.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de febrero de 2008