Investigado por ofrecer licencias el hijo de un imputado por el 'caso Guateque'

La investigación que dirige el juez Santiago Torres acumula nuevos indicios culpabilizadores sobre la actuación de Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, en la trama municipal de emisión irregular de licencias a cambio de sobornos destapada en la Operación Guateque.

Los socios del local alardeaban de que un familiar paraba los expedientes

En el sumario -del que el juez ya ha levantado el secreto- obra un informe de la Guardia Civil que muestra la participación de un hijo de Fernández de Castro, Acisclo Fernández Rodríguez, en el ofrecimiento de licencias para abrir ilegalmente discotecas "que le facilitaría su padre". Según dicho informe, Acisclo Fernández regenta una discoteca after hours (que cierra a altas horas) denominada Dink, que se encuentra en la calle de Amaniel. A tenor de los datos de la Guardia Civil, este local "no cumple con las ordenanzas municipales" y, pese a que ha sido denunciado en numerosas ocasiones, "sigue tal cual".

Por todo ello, el equipo investigador ha solicitado del Ayuntamiento de Madrid la entrega del supuestamente congelado expediente 101/2005/ 11196, que presuntamente exigía el precinto del local, para contrastar la situación en que se encuentra la discoteca Dink "por si fuera cierto que sobre la misma pesa orden de clausura y sigue abierta sin que los servicios municipales de inspección se hayan apercibido". Curiosamente, según pone de relieve la Guardia Civil, "en una de las cajas encontradas en el registro del domicilio social de Agustino Proyectos e Instalaciones, propiedad de los imputados Julián Rubén López Martínez y Eduardo Agustino Carrasco, se han encontrado unos proyectos y otros documentos relacionados con la discoteca Dink".

En dicha sociedad se hallaron abundantes pruebas de sobornos a funcionarios municipales anotados por los intermediarios pagadores. Resulta llamativo también el perfil que brinda la Guardia Civil de uno de los socios de dicha discoteca: "Otro de los socios de la mercantil Actividades 2003, que es la compañía que explota la citada discoteca, Manuel Carlos Martí Cazorla, tiene antecedentes policiales por amenazar a los hijos de un individuo que le debía dinero. Según la denuncia, llevaba una pistola encima. Es conocido en la noche madrileña como El Indio".

Lo llamativo del caso es que el denunciante, Rafael López Vélez, entre otros, antes de acudir a la Guardia Civil en diciembre de 2007, previamente había denunciado los mismos hechos en una carta dirigida al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, días antes de que estallara la Operación Guateque.

La misiva tiene sello de entrada en la oficina de registro del distrito centro de Madrid el 8 de noviembre de 2007. El escrito relataba que Dink estaba ejerciendo una actividad como discoteca after hours distinta de la autorizada, un discobar. Describía que la música superaba con mucho los niveles acústicos permitidos por la normativa. Los vecinos no sólo no podían dormir por el sonido, sino que la música provocaba que en las viviendas vibrasen los cristales, se cayesen objetos y bailasen los muebles. Y apuntaba otro problema aún más serio: dicho local poseía una torre de refrigeración que incumplía la normativa sanitaria, lo que generaba riesgos, según los vecinos, de infecciones por legionella. Las reiteradas denuncias de los vecinos habían caído en saco roto. Ni siquiera habían logrado que el Ayuntamiento de Madrid les diera copia de las actas de infracción levantadas por agentes de la autoridad sobre dicho local.

La denuncia remitida al alcalde de Madrid relataba lo siguiente: "He requerido en múltiples ocasiones a los socios de dicha sociedad a fin de que cumplieran el horario legalmente establecido y que dicha actividad respete la legalidad acústica y medioambiental establecida, habiendo hecho caso omiso a los requerimientos efectuados".

Pero el hecho más grave plasmado en el escrito remitido a Ruiz-Gallardón era lo siguiente: "Ante la advertencia realizada de la posibilidad de inicio de tramitación de expedientes disciplinarios y sancionadores sobre la actividad ejercida en dicho local, se nos ha manifestado por uno de los socios que no les preocupa lo más mínimo, ya que los expedientes tramitados contra la sociedad Actividades 2003 están paralizados porque presuntamente ellos tienen contactos en el Ayuntamiento, justificando dicha paralización en que uno de los socios es familiar directo de un cargo del Ayuntamiento. Lo queremos poner de manifiesto por si se considerara necesaria la investigación de este hecho". No hubo respuesta del Ayuntamiento a esta carta.

López Vélez, en su denuncia ante la Guardia Civil, aún fue más explícito: "En la Junta Municipal de Centro, departamento jurídico de disciplina urbanística, han manifestado que contra dicho establecimiento hay ordenes de precinto y, sin embargo, sigue funcionando con normalidad". Y añadía que uno de los tres socios del local le dijo a un amigo suyo con problemas de licencia que por "cierta cantidad de dinero, que no recuerda cuál, pero sí que era bastante elevada, le podían resolver el tema de la licencia y olvidarse de todo por mucho tiempo". En su denuncia ante los agentes precisó que uno de los socios era el hijo del imputado Fernández de Castro.