La decisión de Rajoy de no asumir el trasvase desata una tormenta política

La decisión del candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, de no asumir el trasvase del Ebro en el programa electoral desató ayer una agria tormenta política en la Comunidad Valenciana y puso de relieve las diferencias en el PP.

El Consell y la dirección regional del PP intentaron mantener contra viento y marea que el eje de la política de Camps, la reivindicación del trasvase el Ebro, seguía invariable. "Es un día en el que seguimos manifestando lo mismo. El PP y el PP de la Comunidad Valenciana siguen manteniendo las mismas posiciones", afirmó ayer el vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla.

El secretario regional del PP, Ricardo Costa, apeló en Canal 9 a los contenidos implícitos del programa electoral del PP. "[El trasvase del Ebro] viene implícitamente marcado" [en el programa", indicó. Juan Costa, el coordinador del programa electoral de Mariano Rajoy y cabeza de lista por Castellón, intentó justificar la ausencia del trasvase del Ebro en el programa del PP por que "nunca se han incluido infraestructuras concretas".

Los agricultores creen que la politización hace inviable el trasvase

Pero Costa sí reconoció que el programa del PP defiende tres principios irrenunciables: la unidad de cuenca, la preferencia de las cuencas naturales y la sostenibilidad entre regiones. La traducción de estos principios la realizó el fichaje estrella de Rajoy, el número dos por Madrid, Manuel Pizarro.: "Que se hagan todas las obras que están pendientes con el agua en Aragón y una vez que estén hechas ya se hablará de las demás". "Hablar de un trasvase del Ebro es hablar de futurismo", sentenció Pizarro.

Para el PSOE, "Rajoy ya ha renunciado al trasvase del Ebro y acabará reconociendo la eficacia del programa Agua".

La renuncia del PP a incluir explícitamente en su programa el trasvase del Ebro fue celebrada por la secretaria de Estado de Cooperación y número dos de la lista socialista por Alicante, Leire Pajín, porque "la verdad se ha impuesto a las mentiras".

La diferencia de opiniones y criterios entre populares y socialistas se reprodujo también en Murcia. En Andalucía, los socialistas instaron al candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía y cabeza de lista por Almería "a ponerse de acuerdo con Mariano Rajoy". El programa del PP de Andalucía sí recoge explícitamente el trasvase del Ebro.

El programa del PP, con el que se presenta Mariano Rajoy, señala que atenderá "en primer lugar a las reservas estratégicas, a la realización del Pacto del Agua y a mantener el principio de preferencia de uso de los territorios por donde transcurren las cuencas". Requisitos que hacen, en la práctica, muy improbable la realización del trasvase del Ebro pero que el portavoz del Consell, Vicente Rambla, ve "compatible con la transferencia". "Por eso la Generalitat no impugnó el Estatuto de Aragón [votado por el PP]", dijo.

El Pacto del Agua de Aragón incluye un total de 139 actuaciones, de las que solo se han terminado 40 y están en marcha otras diez. En total, según datos del propio Gobierno aragonés, solo se han invertido en estas obras 815 de los 2.440 millones de euros en los que las han cuantificado el Ministerio de Medio Ambiente y el Ejecutivo autonómico. El consejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Boné, se quejó el pasado mes de diciembre de que, a pesar de la buena voluntad de la ministra Cristina Narbona, al ritmo que va la ejecución de las obras del Pacto del Agua harían falta "entre 30 y 50 años" para cumplir con los objetivos.

El documento que el PP se compromete a respetar prevé la construcción de 14 pantanos en diferentes puntos de Aragón, cuatro recrecimientos de embalses ya existentes y una contrapresa; así como otra docena de actuaciones de carácter local en pequeños embalses que no tendrán incidencia en la regulación de la cuenca del Ebro.

Todas estas actuaciones en infraestructuras hídricas son imprescindibles para que Aragón pueda dar cumplimiento a la disposición adicional quinta incluida en su Estatuto, que fija "una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos".

El documento, que tiene prioridad en el programa del PP sobre cualquier transferencia del Ebro, fija un caudal ecológico mínimo en todos los cauces de, al menos el 10% de la aportación media interanual en régimen natural. Pero el Pacto del Agua también indica que será el Gobierno aragonés el que fijará los caudales mínimos "en disposiciones normativas específicas".

En este documento, que los aragoneses consideran irrenunciable, también está prevista la ampliación del número de hectáreas de cultivo de regadío en la margen derecha del Ebro, en la hoya de Huesca y en la zona de la Litera Alta, que se sumarán a las 390.000 hectáreas en explotación y parte de las cuales tienen déficit hídrico.

La Unió de Llauradors argumentó que el trasvase del Ebro es "una opción imposible sin consenso" e indicó que "no hay ninguna voluntad real de realizarlo". La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) reclamó la interconexión de cuencas y lamentó la "politización" del trasvase.