El juez autoriza escriturar pisos a una promotora en suspensión de pagos

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha autorizado que los propietarios que habían adquirido un piso a la inmobiliaria Ereaga, declarada en suspensión de pagos, puedan ponerlos a su nombre, teniendo en cuenta que ya habían empezado a pagarlos. Las viviendas seguían a nombre de la promotora.

El grupo inmobiliario Ereaga, conformado por 18 sociedades y cuya cabecera es Caserío Aitzgoyen, solicitó voluntariamente la declaración de concurso por insolvencia y el juzgado se la concedió en diciembre. El grupo, cuya sede está en Getxo, acumulaba unas deudas de 160 millones de euros. Fue la primera víctima del cambio de ciclo inmobiliario en Euskadi. Tras esta decisión, un abogado, un auditor y la Diputación foral de Vizcaya fueron nombrados administradores del concurso y solicitaron el pasado 10 de enero al juzgado la autorización para poder vender los pisos que habían empezado a ser pagados por los compradores, pero que todavía figuraban a nombre de las promotoras en concurso del grupo Ereaga.

En el auto, el juez precisa que las operaciones deberán de llevarse a cabo "siempre bajo intervención de la Administración Concursal y con el consentimiento de los acreedores con privilegio especial" de Ereaga "cuando se enajenen bienes afectos a esos créditos". Considera también que el tratamiento de estos activos merece "cuando menos" tener en cuenta la situación de los compradores, "que han cumplido sus obligaciones y están dispuestos a terminar de hacerlo en la forma que se pactó, pero se encuentran afectados por la situación de concurso".

"Aportar recursos"

El auto señala que la autorización que plantea la administración concursal permitirá que el negocio de las empresas afectadas se mantenga y les permitirá cumplir "las obligaciones contraídas con los compradores" y "aportar recursos" a las sociedades declaradas en concurso.

Respondiendo a dos acreedores que pusieron pegas a la autorización al considerar sus términos demasiado amplios, el juez estima que sería un "exceso" pedir autorización para cada caso, tal y como solicitaron aquéllos, ya que hay más de 200 inmuebles en el concurso, algunos de ellos sin declaración de obra nueva. El auto añade que esto no garantizaría "los derechos de los acreedores", perjudicaría a los compradores y retrasaría "la incorporación de importantes activos".

El auto también indica que la autorización individual de cada operación supondría "mayores perjuicios que beneficios" y que, además, existen "garantías suficientes" para los acreedores.