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La política de inmigración de los populares

Algo está muy errado

El candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, se ha declarado dispuesto a exigir a los inmigrantes que firmen un "contrato de integración" en el que se comprometan a aprender español, a respetar las costumbres de su país de acogida y a regresar a su país de origen si no encuentran rápidamente un nuevo empleo. Afortunadamente, nada de esto parece fácil desde el punto de vista de los principios recogidos en la Constitución española, que fue redactada en una época en la que los políticos aún recordaban a los emigrantes españoles en medio mundo, y aún compartían lo que dijo, en su día, en su defensa, el escritor Max Frisch: "Suiza ha pedido trabajadores y le han llegado seres humanos".

El emigrante español hizo lo que debe hacer ahora el inmigrante: exigir sus derechos y cumplir la ley

Ningún político medianamente sensato, conservador o socialdemócrata, exigió a los obreros españoles en Alemania o Suiza, o a los camareros y camareras que inundaron en los años sesenta y setenta los restaurantes y hoteles del Reino Unido, que aprendieran su lengua, más allá de un vocabulario de estricta supervivencia; nadie les obligó a respetar costumbres que no figuraran en las leyes y nadie amenazó con echarles del país a las primeras de cambio. Nadie les echó miserablemente en cara el dinero del que se privaban ellos mismos para enviárselo a sus familias y nadie les acusó de acudir a los médicos de la Seguridad Social, que estaban pagando como cualquier otro ciudadano.

Los emigrantes españoles hicieron lo que deben hacer ahora los inmigrantes que recibimos: comportarse ejemplarmente en el cumplimiento de la ley y exigir a cambio el escrupuloso respeto de sus derechos. Nadie sensato exige a las mujeres musulmanas recién llegadas a España que compartan nuestras costumbres, como nadie exigió a las españolas que trabajaban en Suecia en los años sesenta que compartieran los usos locales. Lo que teníamos, y tienen ellas, que compartir, ineludiblemente, son los mismos derechos y las mismas obligaciones.

¿De dónde ha salido alguien como el secretario de Economía del PP, Miguel Ángel Arias Cañete, para atreverse a decir que el colapso en las urgencias de los hospitales públicos se debe a que los inmigrantes han descubierto "la grandeza" del sistema sanitario español? Cuánta ignorancia o cuánta mala fe en alguien que debería saber de primera mano lo que está ocurriendo en esos servicios de urgencias: precisamente, el deterioro de esa "grandeza", es decir la falta de adecuación entre los medios y de las dotaciones económicas de la sanidad pública y el número de usuarios. Es innoble pretender convencer a un enfermo que acude a la Seguridad Social de que su problema es que hay 20 inmigrantes en la lista por delante de él, cuando la cuestión no es esa, sino la falta de médicos para atender a los 21 de la cola. Es infame hacer competir por las prestaciones sociales a los más desafortunados económicamente en lugar de arbitrar los medios para atender a ciudadanos con los mismos derechos.

Las ocurrencias son una desgracia en las campañas electorales pero todavía mucho peor es manipular insensatamente material altamente inflamable. ¿Qué pretende el PP? ¿Si gana las elecciones restringirá a los inmigrantes el derecho de uso de las urgencias? Y si las pierde, ¿intentará movilizar a la opinión pública para reclamar medidas semejantes?

Los estrategas electorales del Partido Popular parecen desconocer la capacidad de movilización que todavía tiene en una parte del electorado español la amenaza de reducción de derechos. Quizás dentro de unos años no sea así, sobre todo si la propia izquierda no es capaz de contrarrestar inteligentemente ese mensaje de miedo y de establecer los mecanismos políticos y económicos necesarios para evitar el deterioro de los servicios y prestaciones públicas. Quizás termine la izquierda comportándose con tanta ceguera como lo hizo, por ejemplo, la izquierda francesa en los años ochenta. Pero, de momento, la memoria todavía debería permitirnos a los españoles en general conservar un poco de decencia.

La misma que reclamaba el pasado día 26 de enero, tras su victoria en las primarias de Carolina del Norte, el candidato demócrata norteamericano Barack Obama. "Hay que oponerse a la idea de que es aceptable decir o hacer lo que sea para ganar una elección... Eso es exactamente lo que está equivocado en nuestra política", aseguró Obama.

Ésa es una lección democrática de aplicación universal. Lo que necesitamos los ciudadanos no es que los políticos nos planten ante la cara el espantajo de una inmigración sobre la que se han basado años de crecimiento y prosperidad económica, sino que nos expliquen, con cifras y con propuestas concretas, qué piensan hacer para acortar las listas de espera en la sanidad pública (con inmigrantes incluidos), qué piensan hacer para mejorar la calidad de la enseñanza (con inmigrantes en las aulas) y qué piensan hacer para asegurarse el mantenimiento de las prestaciones sociales básicas. El resto, en un lado o en otro, es pura fantochada. solg@elpais.es

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de febrero de 2008