Fomento debe desde hace cuatro años fincas que la A-8 ocupó en Ribadeo

Una veintena de vecinos de Ribadeo, expropiados por las obras de la Transcantábrica, llevan cuatro años reclamando a Fomento que pague el dinero que les debe por la ocupación de sus terrenos. En total, aseguran que el ministerio les adeuda cerca de tres millones de euros. Desde que en 2004 la empresa Fomento de Construcciones y Contratas ocupó sus propiedades para construir el primer tramo gallego de la autovía A-8, entre Ponte dos Santos (Ribadeo) y Barreiros (Reinante), los vecinos han conseguido con sus declaraciones que, al menos, el Jurado Provincial de Expropiación sentenciase que aquellos terrenos valían cuatro veces más de lo que decía el Gobierno.

Esto último sucedió el 18 de enero de 2006, hace ya dos años pero, pese a eso, lo único que estos ribadenses díscolos han cobrado son los depósitos previos, una cantidad mínima, a modo de fianza, que la Administración tiene que abonar antes de invadir con su maquinaria las parcelas. El resto de la deuda, el precio de las tierras que había estipulado el Ministerio de Fomento, más las tres veces que a mayores le obliga a pagar la sentencia judicial y los intereses de demora acumulados durante ya cuatro años, sigue en las arcas del Estado.

En este tiempo, los afectados han visto cómo inauguró las obras el ex ministro Álvarez Cascos y cómo nada cambió con Magdalena Álvarez. Y si ahora no hay representante de Fomento que sea bienvenido en Ribadeo, tampoco la colocación de la primera piedra (la primera de la Transcantábrica en Galicia, la cuarta en todo el trazado que colocó Cascos en 16 meses) estuvo libre de polémica. El acto, en plena campaña pese a que el PSOE intentó que la junta electoral lo prohibiese, tuvo lugar en la única finca sobre la que se había abonado el depósito previo. El resto de los afectados entre Ribadeo y Reinante, unos 400, ignoraban lo que iban a cobrar.Desde la Administración, a los demandantes se les pide que sigan teniendo calma, porque el pago no se podrá efectuar "hasta que Hacienda no libere el dinero". Mientras, los vecinos han buscado el amparo de los políticos locales. El BNG presentó, sin éxito, varias iniciativas en el Congreso. Y el PSdeG intentó tranquilizar a los perjudicados a través de Ismael Rego, nacido en A Mariña. Según recuerda Antonio Rego, portavoz de los expropiados, antes de las municipales el parlamentario se comprometió a solucionar el problema, pero no hizo nada. Ahora, a un mes de las generales, el socialista se ha vuelto presentar y les ha pedido "paciencia".

Pero paciencia ya han tenido hasta ahora. Por eso los vecinos ("no aguantamos más", dicen) han empezado a manifestarse. La primera protesta, con el lema "Fomento, moroso, paga o que é noso" en la pancarta, tuvo lugar ante el Ayuntamiento de Ribadeo. Y las próximas se anuncian en la ciudad de Lugo y en Santiago: los expropiados hablan ya de encadenarse en las dependencias de la Xunta.

"Estragos" en las fincas

Los vecinos han demandado ante el juzgado a FCC por los destrozos que ha causado la constructora en toda la zona. Además de atorar con escombros varias fincas en cultivo, las obras cegaron un manantial que "desde no se sabe cuándo" surtía a las familias de Vilaframil. Antonio Rego cuenta que, en vez de hacerles llegar de nuevo el agua por un conducto a los vecinos de la parroquia, "Fomento de Construcciones y Contratas optó por lo más fácil: invadir las tierras de la gente y abrir una zanja que se desbordó con las lluvias, inundó de lodo las fincas y echó a perder los sembrados".

Este canal abierto siguió produciendo "estragos" mucho tiempo, desbordó la Nacional 634 e inundó un hotel. La aseguradora de este negocio valoró los daños en 5.000 euros.

Los afectados por esta expropiación, constituidos ya como sociedad para reclamar los "destrozos" de FCC y la deuda de Fomento, han empezado a contactar con perjudicados de otras zonas por las que discurre la Autovía del Cantábrico para elaborar un censo y reivindicar unidos las indemnizaciones. Según defienden, aunque ellos fueron los primeros expropiados de Galicia por la construcción de la A-8, el ministerio es "moroso" también en otros tramos del trazado. De los 400 expropiados entre Ribadeo y Reinante, sólo 20 mantuvieron sus reclamaciones en el tiempo. Los demás, según ellos, terminaron aceptando una valoración "injusta" porque "eran demasiado viejos o porque desconocían sus derechos"

La sentencia del Jurado Provincial de Expropiación satisfizo solamente en parte las aspiraciones de los vecinos. El tribunal del justiprecio tomó la decisión salomónica de darles la razón sólo a medias. La otra mitad se la llevó Fomento, porque los expropiados están convencidos de que sus terrenos no valen cuatro, sino ocho veces la cantidad que estipuló en un principio el Estado. Las fincas se ubican a la salida de Ribadeo, junto al núcleo urbano y la zona rural de Dompiñor, un área de naves industriales pegada a la costa y en pleno desarrollo.

Allí se levantan el hipermercado Eroski, el concesionario de Citroën, la gasolinera y la panificadora. Ante la evidencia, el jurado no pudo más que reconocer que, dada la expansión que experimentaba el polígono, aquellos terrenos tenían que ser valorados, al menos, al mismo precio que había pagado Eroski aunque otras empresas, asentadas más tarde, hubieran pagado más. Y esto, exactamente, es lo que ahora adeuda el Ministerio de Fomento: 24 euros por metro cuadrado.

De esta manera, por ejemplo, a la familia de Antonio Rego, el portavoz de los vecinos, Fomento le debe 158.280 euros por un prado de 6.595 metros cuadrados. A esto, el tribunal suma un 5%, 7.914 euros, como premio de afección, con lo que, en realidad, la deuda del Estado con la familia Rego es de 166.194 euros. Y Antonio, a estas alturas, sólo reza para que el viejo titular de la tierra, Francisco, su padre enfermo, viva para ver que se ha hecho justicia.