Garzón imputa a tres dirigentes del PCTV, paso previo a la suspensión
El juez ordena a los bancos que informen de movimientos de fondos
La justicia sigue avanzando para poner fuera de juego con la mayor brevedad los partidos que representan a la izquierda abertzale violenta. El juez Baltasar Garzón imputó ayer por delitos de colaboración con organización terrorista y asociación ilícita al presidente y dos tesoreros del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), como paso previo a declarar la suspensión de actividades de la citada formación política, que será notificada previsiblemente antes del próximo fin de semana.
El juez pregunta si puede procesar a las diputadas Erauskin y Berasategi
Los tres procesados son Juan Carlos Ramos Sánchez, que fue imputado en este proceso por el juez Fernando Grande-Marlaska, y Jesús María Agirre Arruabarrena y Sonia Jacinto García, a los que la Fiscalía les atribuye vínculos con Jarrai y Herri Batasuna, el primero, y con Haika, la última. Jarrai y Haika son distintas denominaciones de las juventudes de la izquierda abertzale, que fueron ilegalizados por su vinculación e instrumentalización por parte de ETA. Ambas organizaciones fueron el semillero de la kale borroka.
El magistrado asegura que los hechos que investiga se concretan en la vinculación de PCTV con Batasuna-ETA, "así como la instrumentación económica y financiera de dicho partido legal para contribuir a la actividad y fines presuntamente terroristas de esa organización". Garzón ha ordenado a los bancos que le comuniquen cualquier disposición de fondos que los imputados, la formación independentista o el grupo parlamentario Ezker Abertzaleak Legebiltzar Taldea realicen, con la finalidad de evitar el alzamiento de bienes.
El juez ha instado al fiscal para que le informe si es procedente elevar un suplicatorio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, respecto de las parlamentarias Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, dada su condición de aforadas, por si su actuación fuera considerada delictiva. Si la respuesta es afirmativa, Garzon no tendría más remedio que inhibirse en favor del alto tribunal de Euskadi en el caso que se acordase el procesamiento de ambas parlamentarias.
Erauskin fue la diputada a la que abroncó el dirigente de Batasuna Juan José Petrikorena por haber dado una entrevista a Radio Euskadi sin su permiso. Es más, Petrikorena, ya preso, le ordenó que no aceptase entrevistas y que comunicase a la cadena pública "que quien tiene derecho a ser entrevistado es Batasuna, por haber sido excluida del proceso electoral". Además, ha participado en actos de la Mesa Nacional de Batasuna y, según los informes policiales, consulta todas sus decisiones con la dirección de la formación ilegalizada.
Los tesoreros, por su parte, serían los firmantes del acuerdo económico hallado durante los registros policiales de octubre pasado por el que se creaba una especie de caja única entre PCTV, ANV y Batasuna, bajo la dirección de esta última. El llamado acta de tesorería localizado en junio de 2007 durante un registro de la sede del PCTV en San Sebastián es considerado por los investigadores como uno de los documentos fundamentales para demostrar la subordinación del PCTV a Batasuna y, por ende, a ETA.
