Los excluidos de Collserola
El Ayuntamiento pretende demoler las casas construidas sin permiso en las faldas del futuro parque natural
Al camino de Cal Notari se llega bordeando una calzada escarpada en la que agoniza un poste de autobús junto a un cartel conciso: Parada anulada. Primero se acaban las líneas de la carretera; después, la carretera. El asfalto se abre para acoger huertos y casas unifamiliares. Lindando con Collserola, este barrio del distrito barcelonés de Horta-Guinardó contiene el aliento desde el pasado miércoles, cuando el Ayuntamiento y la Generalitat comunicaron el acuerdo sobre los límites del parque natural en la vertiente barcelonesa. El futuro del pulmón verde de Barcelona empieza a aclararse. Y el de los ciudadanos que hace décadas edificaron allí sin licencia municipal, también. El parque ocupará sus casas.
"Estoy desecho. No pueden echarme y encerrarme en un piso", dice un vecino
Ya no se acercan autobuses al camino de Cal Notari, aunque la cochera del distrito, nueva, elegante, futurista, queda a 150 metros de un arrabal que ha sentido crecer Barcelona a sus espaldas. Un centenar de casas que conforman el barrio de la Font del Gos, levantado en los años sesenta a manos de braceros llegados del sur en busca de sustento. "Eran tiempos de escasez, no había qué echarse a la boca", susurra Encarna Checa, granadina de 74 años. "No teníamos dónde meternos", añade mientras barre las hojas de su zaguán a medio construir, con más vergel que ladrillos. Su vecino César Collado, cacereño de 72 años, aún se acuerda de los mozos trajinando adobe en fardos cargados sobre los hombros. "Hice esta casa con mis brazos, palmo a palmo", cuenta orgulloso.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón García Bragado, habló de la casa de César el pasado miércoles: "Son edificios construidos sobre zona forestal y sin licencia. La demolición no es ninguna novedad para los propietarios, porque desde hace tiempo saben que ocurrirá". Los afectados serán realojados en viviendas públicas, pero el concejal rechazó dar más información: ni cuándo las máquinas empezarán a derribar, ni cuántos inmuebles demolerán, ni dónde se encuentran.
La mayoría de vecinos afectados, como los de Les Planes y Vallvidrera, ignoran aún si García Bragado se refería a ellos o a otras casas aledañas. "Creía que el asunto estaba arreglado, pero vete a saber si es aquí, allá...", comenta un vecino de Les Planes.
Pero el secretismo del Ayuntamiento no intriga a la Font del Gos. "Sí, somos nosotros. Nos quieren echar", suspira resignado Julio Vila, miembro de la asociación de vecinos y fastidiado de tanta reunión con concejales, asistentes de concejales y de tanto traje y tanta corbata. "Llevamos mucha negociación acumulada", dice con la voz quebrada. Julio no se siente de Barcelona. Detesta el ruido, odia los bares. "Meterme en la ciudad, en un piso encerrado... Me hacen daño, esto siempre ha sido el paraíso", murmura mirando la calle, vacía.
Los vecinos defienden que tienen contratos adquiridos cuando compraron esas tierras a dos reales el palmo. Pero el barrio no pudo o no supo legalizarse durante los años en que la burocracia cedía paso a los palos. "Si íbamos a negociar venían a zurrarnos, tiraban las casas. Qué malos eran, aquellos falangistas", relata Encarna. La Font del Gos llegó al siglo XXI con media pierna sobre suelo forestal; la otra media, en zona de servicios. Son muchos lustros con la amenaza del derrumbe planeando sobre sus azoteas. Por eso las casas solemnes se entremezclan con tejados a medio cubrir, la vetusta caldera del comedor de Encarna con el termostato digital que caldea el dúplex de Mercedes, otra vecina. "Muchos no arreglan su casa porque siempre dicen que las van a tirar... Pero que nadie piense que somos cuatro chabolas", esgrime Mercedes, indignada. Su casa: espaciosa, reformada y con terraza al cielo diáfano de Collserola.
Afuera, en pleno páramo, un grupo de vecinos en pantuflas rememora viejas victorias. Cómo lograron traer la luz, el agua, las cloacas. "Para conseguir que el Ayuntamiento pusiera una papelera, no veas", bromean. Y señalan que hay casas aún más lejanas que las suyas, montaña adentro. "Nos echan porque no somos ricos. Si no, ¿por qué dejan construir esas casas de allí?", convienen. Se refieren a nuevas edificaciones junto a Montbau, pomposos pisos que crecen en la serranía, pero sobre suelo urbano. Los vecinos sospechan que sus tierras correrán la misma suerte. "Después de echarnos, aquí construirán lo que quieran", asiente Julio. "Pero aún podemos luchar", coinciden.
Incertidumbre en Torre Baró
El barrio de Torre Baró, ubicado en la falda de una de las vertientes de Collserola, se enfrenta a un proceso de rehabilitación que cambiará radicalmente su fisonomía. Este núcleo urbano está formado por casas autoconstruidas por la inmigración peninsular que llegó a Barcelona en las décadas de los cincuenta y sesenta. Las viviendas no tienen licencia municipal, aunque al consistorio barcelonés nunca le había preocupado hasta hace poco tiempo. "Quieren que Torre Baró sea una de las puertas de acceso al parque natural y esa es la excusa para tirar las casas", asegura Pablo, de la Asociación de Vecinos U de Nou de Torre Baró. Según esta entidad, el Ayuntamiento planea derribar 300 casas, de las que una cincuentena ya han sido expropiadas.
Los responsables municipales proyectan realojar a los afectados en pisos protegidos. Pero estas familias denuncian que las indemnizaciones que les ofrecen por dejar sus viviendas son insuficientes. "Nos dan unos 40.000 euros, cuando un piso nuevo cuesta 120.000. Muchos vecinos tienen pánico porque no saben cómo van a pagar. Los bancos se niegan a concederles una hipoteca porque muchos son pensionistas y no cuentan con ningún aval", explica Pablo.
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