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La Fiscalía revisa el caso de Sonia

Los expertos coinciden en una posible vulneración de derechos de la mujer

Tras una hora de reunión con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, la joven Sonia Jiménez comenzó a ver la luz dentro del túnel al que la aplicación rígida de las leyes la habían conducido. Con lágrimas en los ojos, Sonia sólo tuvo palabras de agradecimiento para todo el que la ha apoyado en estos días, que han resultado especialmente duros para ella. "Por primera vez no me siento totalmente desprotegida y sola, ahora cuento con muchas posibilidades", dijo en referencia a su reunión con el fiscal, que ha decidido abrir una investigación sobre el caso y comprobar la ejecutoria de la sentencia que condena a la hija de Encarnación Rubio a pagar las deudas de su padre.

"Por primera vez no me siento totalmente desprotegida y sola"

García Calderón solicitó toda la documentación sobre el caso para abrir una investigación que pueda aclarar el disparate al que se ve abocada la joven, que ha tenido que pedir créditos por valor de 100.000 euros para hacer frente a las deudas del asesino de su madre. "Desde el principio ha entendido que yo soy una víctima y que estoy totalmente desprotegida, y me ha prometido que esa situación no va a prolongarse más porque es injusta", dijo la joven.

Aunque las dos deudas principales que corresponden a su padre ya han sido liquidadas -11.000 por el vehículo que sirvió de arma al asesino y 12.000 en concepto de indemnización por un vecino que resultó herido cuando intentó auxiliar a la madre- va a estudiarse la posibilidad de que los pagos efectuados hayan podido ser realizados bajo amenaza de embargo a la persona a la que no le correspondían. "El asunto del coche no tiene marcha atrás, al parecer ahí se ha actuado bien. Sin embargo, la indemnización no está del todo clara", declaró la joven, que ve "muy complicado" que puedan devolvérsela, aunque no descarta este extremo después de haber escuchado al fiscal.

García Calderón informó de que la Fiscalía tiene que actuar en un caso como el de Sonia, ya que así lo contempla el Estatuto Fiscal desde su reforma en octubre de 2007, que establece la obligación de "velar por la protección procesal de las víctimas y la asistencia efectiva".

Además, durante la reunión García Calderón les hizo saber que ha solicitado la creación de un centro de referencia para las víctimas de la violencia de género, y solicitó la colaboración tanto de Sonia Jiménez como de Pérez Cotarelo, que dijo sentirse "emocionada" por el trato tan cercano que había recibido.

Pese a la satisfacción con la que la joven recibió las palabras de García Calderón, las consecuencias podrían ir más allá. En opinión de Mercedes Vera, catedrática de Derecho Constitucional, la sentencia en la que se condena a Sonia a pagar la indemnización y el vehículo de su padre es el resultado de "una aplicación tan rígida de las leyes que se han restringido derechos, y esa situación nunca puede producirse". Según su criterio, Sonia ha sido "humillada" y ha visto cómo era quebrantado "su derecho a la dignidad, recogido en el artículo 10-1 de la Constitución, por lo que habría que valorar las taras psicológicas que esta situación ha provocado en la joven y estudiar a qué tipo de indemnización podría tener derecho", argumentó.

Por su parte, Inmaculada Montalbán, magistrada del TSJA especializada en violencia de género, declaró que la situación de Sonia es "un ejemplo de casos donde hay daños añadidos a las mujeres que no están recogidos porque son muy específicos, pero que la legislación no tolera". "Cuando murió Encarnación Rubio existía una orden de alejamiento vigente. En estos casos habría que aprobar procedimientos ágiles para pedir responsabilidad al Estado, que es el encargado de garantizar esa protección, y que sea éste el que responda de los daños contra terceros", concluyó.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de febrero de 2008