El Gobierno da prioridad a la ley de Víctimas tras las quejas de Lasa

La Dirección de Víctimas del Terrorismo, que encabezan Maixabel Lasa y Txema Urquijo, quiere llegar al segundo pleno monográfico del Parlamento, comprometido para el mes de mayo, con la ley de Solidaridad aprobada. Sus responsables creen ahora que lo conseguirán, una vez que el Ejecutivo ha puesto por fin fecha a la aprobación del anteproyecto, al que dará luz verde el Consejo de Gobierno en su reunión del 19 de febrero, según adelantó ayer este periódico.

Lasa quiere llegar al pleno sobre víctimas de mayo con la ley aprobada

El texto, a falta sólo del informe de la Comisión Jurídica Asesora (Cojua), dependiente de Vicepresidencia, ha recibido un empujón decisivo para zanjar su tramitación después de las quejas expresadas tanto interna como públicamente por la máxima responsable de la Dirección de Víctimas, dependiente de Interior. Maixabel Lasa hizo llegar su preocupación al lehendakari en la primera quincena de enero, a través del secretario general de la Presidencia, Jesús Peña, que representa a Ibarretxe en la comisión de seguimiento del Plan de Paz y Convivencia.

Al retraso histórico -el Congreso de los Diputados aprobó la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo en 1999- se ha unido un último incumplimiento, ya que el proyecto debería haber llegado a la Cámara antes de finalizar 2007. Ésa fue la encomienda que realizó al Gobierno el pleno monográfico celebrado el 5 de octubre pasado. Ese debate se produjo también con más de cuatro años de retraso, ya que la Cámara se había mandatado a sí misma para realizarlo en junio de 2003.

Txema Urquijo, adjunto a la dirección que encabeza Maixabel Lasa, quiso ayer despojar de toda carga política o de falta de voluntad a este último retraso y se mostró convencido de que tras él sólo ha habido "razones burocráticas y de tramitación". Los tres partidos del Gobierno, argumentó para apuntalar su negativa de cualquier motivación política, están de acuerdo en el texto desde que éste se aprobó como borrador y se presentó a las asociaciones y colectivos de víctimas en junio del año pasado.

La intervención de Lasa ha servido simplemente, aseguró, para que se le dé la consideración de proyecto prioritario, de modo que no se corra el riesgo de que la ley se quede en el camino por los plazos parlamentarios y de una eventual disolución anticipada de la Cámara. La Dirección de Víctimas coloca ahora sus expectativas en que todos los grupos parlamentarios "asuman su responsabilidad con espíritu constructivo, para poder aprobar la ley en el Parlamento lo antes posible".

El texto que llegará a la Cámara lleva incorporadas algunas de las sugerencias y peticiones que las asociaciones de víctimas hicieron cuando les fue presentada. No todas. La directora de Víctimas, Maixabel Lasa, tuvo que rectificar recientemente a la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, su afirmación de que el anteproyecto estaba consensuado con todas ellas. No es así. Estas tendrán ahora, eso sí, una segunda oportunidad de volver plantear, esta vez a través de los grupos parlamentarios, las aportaciones que quedaron excluidas, resaltó ayer Urquijo.

El texto enumera los derechos reconocidos a las víctimas desde una perspectiva ética y política y sistematiza también un catálogo de medidas asistenciales y materiales. Muchas de ellas ya se están aplicando. La ley se autodefine como "expresión profunda y sincera del sentido homenaje que merece el sacrificio ofrecido por las víctimas del terrorismo".