Sacyr afronta una semana clave en su interés por controlar la francesa Eiffage

Ahora que sale a la luz el interés del grupo eléctrico francés EDF por Iberdrola, vuelve a subir grados el enfrentamiento entre el grupo español Sacyr-Vallehermoso y el galo Eiffage. Son meras casualidades, pero esas dos operaciones empresariales complicadas meten de lleno en polémica las relaciones estatales. En las dos tendrán que mojarse, seguramente, los Gobiernos, y quién sabe si pueden acabar de alguna manera relacionadas.

El conflicto entre las empresas obligó a intervenir al Gobierno español

El contencioso que protagonizan las dos constructoras tiene esta semana una cita crucial para determinar el futuro de los intereses de Sacyr. Mañana está previsto que la Corte de Apelación de París dirima la demanda interpuesta por Sacyr contra la decisión de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), el regulador bursátil francés, de invalidar la oferta de Sacyr sobre Eiffage al estimar que estaba en concierto con al menos seis accionistas españoles.

El conflicto comenzó en 2006, cuando Sacyr intentó controlar el grupo francés y llegó a ostentar el 33% del capital y sentar a cinco consejeros en el máximo órgano de Eiffage. Se topó con la oposición frontal de la empresa en pleno y algunos aliados: Caisse de Dêpots (CDC), con el 8%; Groupama (3,2%); AXA (1,5%); los empleados (22%), y los directivos (5%). Jean-François Roverato, presidente de Eiffage, retiró el voto a 89 accionistas españoles, que representaban el 17,5% del capital, con el pretexto de que estaban concertados.

El asunto alcanzó dimensiones de Estado que obligaron a intervenir al Gobierno español. En una carta enviada a la Embajada francesa, se quejaba del trato a la empresa española. "La primera irregularidad es retirar el voto al 18% del capital; la segunda, cerrar los ojos ante la concertación del bando francés, y, como eso no bastaba, la tercera es que el sector público francés vote de manera patriótica negando representación al accionista mayoritario, de un país amigo y socio en la UE", decía.

El grupo presidido por Luis del Rivero contraatacó a Eiffage lanzándole una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de las acciones a razón de cinco acciones propias por cada 12 del grupo francés, condicionada al 60% del capital. Roverato se opuso con armas y bagajes y logró que el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado francés, Philippe Marini, recomendara en una carta dirigida a la AMF el veto a la OPA pues, según él, "supondría un precedente dudoso, que incitaría a otros oferentes a tratar de obtener el control económico de otras empresas afectadas sin pagar el precio justo".

Queda poco tiempo para limar las diferencias a pesar de algunos guiños lanzados desde Sacyr. En todo el proceso, Sacyr ha tratado de desarmar las teorías de Roverato acusándole de haber orquestado una concertación a la francesa, ya que el presidente de la compañía logró reunir el voto de los asalariados y de los directivos, la CDC y varias entidades. Sacyr destacaba, además, el hecho de que la CDC sea una entidad pública y que el Gobierno francés se prestara a que se utilizase dicha entidad para oponerse a una empresa comunitaria.

Si los tribunales dan la razón a la firma española, volvería a sustanciarse la OPA. En el caso de que pierda, algo que los abogados de Sacyr consideran poco probable, entonces acudirían a instancias más altas de la UE, adonde la operación tenía que haber llegado desde el principio, ya que las dos empresas tienen dimensión comunitaria.