Marbella busca letrados de prestigio por debajo del precio de mercado

"Yo por ese dinero no muevo ni un papel". Los 432.000 euros que el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) está dispuesto a pagar cada año a los bufetes que asuman sus servicios jurídicos no seducen a los abogados de la ciudad. La cifra, que a simple vista puede antojarse elevada, tendrá que cubrir los esfuerzos para ganar 1.212 procedimientos, de forma que cada pleito sale a 356 euros de media. El número de casos, desvelado al anunciar el pliego de condiciones para el concurso público, es sensiblemente inferior a otra cifra aportada por el equipo de gobierno en diciembre, cuando se calculó "a la baja" que el Consistorio tenía pendientes 1.400 procedimientos judiciales.

Para esta tarea, que previsiblemente aumentará con los años, la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), quiere a los mejores. El Ayuntamiento se juega mucho, ya que no sólo se quieren recuperar los bienes supuestamente detraídos de la ciudad en el caso Malaya. "Hay casos penales que se están tramitando en la Audiencia Nacional, como el Saqueo I y II, que suponen millones de euros que necesitamos recuperar", mantiene la regidora. La situación económica aprieta. El Consistorio arrastra una deuda municipal que fluctúa entre los 450 y los 500 millones de euros.

Muñoz, que ha rebajado la oferta para adjudicar los servicios jurídicos en 50.000 euros con respecto a 2007, prevé pagar este "reto profesional" con fama y reconocimiento. "Entendemos que representar al Ayuntamiento de Marbella también va a suponer un prestigio para ese despacho", afirmó la alcaldesa el pasado lunes.

El Ayuntamiento ha dividido su oferta en cuatro lotes para que puedan optar al concurso despachos especializados en las distintas ramas del Derecho. En la parte penal, en la que se reconocen 86 casos abiertos (en diciembre el equipo de gobierno calculaba 300) se destinan 192.000 euros anuales. Entre estos casos se encuentran pleitos tan conocidos como Malaya, y para los que, según varios despachos consultados, haría falta al menos un letrado en dedicación exclusiva. La media anual destinada para cada uno de estos procedimientos es de 2.200 euros.

"Es una locura", considera un letrado marbellí que prefiere que no aparezca su nombre, "yo creo que este concurso va a quedar desierto", añade. Otro profesional al que el dinero también se le antoja escaso, mantiene que el papel del Ayuntamiento no es tan complicado ya que en los casos en los que se ejerce de acusación particular, el Consistorio sigue la estela del Ministerio Fiscal, y no se requiere tanto esfuerzo. "Habría que ver si una vez ganado el pleito, el despacho puede quedarse con las costas, ya que eso engordaría su factura y lo haría más rentable", añade otro letrado.

En otros apartados también complejos, como Civil y Tribunal de Cuentas, se prevé un desembolso de 48.000 euros para 144 casos. Entre ellos el Consistorio reconoce 115 procedimientos civiles y 29 tramitados en el Tribunal de Cuentas. La cifra da una media 333 euros por pleito.

En este área, como en las demás, el trabajo no hace más que crecer debido a las reclamaciones económicas por impago que recibe el Ayuntamiento. De hecho, el último bufete al que el Consistorio encargó estos asuntos todavía está esperando que le paguen sus minutas.

Los bloques se cierran con 144.000 euros destinados a 829 procedimientos administrativos, a 174 euros por caso; y el apartado laboral, con 153 procedimientos que recibirán otros 48.000 euros, 113 euros por cada pleito.

Al panorama actual se suman numerosos frentes. La futura aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), previsiblemente generará numerosos pleitos -en el orden administrativo el documento ha recibido 9.000 alegaciones-. Además, el equipo de gobierno ha abierto 200 expedientes para que otros tantos particulares devuelvan al Ayuntamiento propiedades que el Grupo Independiente Liberal (GIL) cedió sin contrato alguno. El Ayuntamiento también está en plena reestructuración de su enorme plantilla, y ya ha realizado unos 20 despidos, entre los que ha habido algunas reclamaciones judiciales.

El Consistorio cuenta con un gabinete jurídico propio con nueve funcionarios asignados, aunque según fuentes consultadas no tienen gran experiencia en litigios. Las corporaciones del GIL solían contratar estos servicios de forma externa y las cantidades que invertían eran desorbitadas. De hecho, el pasado abril varios de sus concejales tuvieron que declarar en los juzgados sobre una minuta de 140.000 euros que cobró el abogado José María del Nido en 2001. Según cálculos de la oposición, en tres años Marbella se llegó a gastar hasta siete millones de euros sólo en abogados.