Segundo proceso contra el juez De Urquía por cohecho y prevaricación

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto un segundo proceso penal contra el magistrado Francisco Javier de Urquía, apartado del Juzgado número 2 de Marbella. Esta nueva causa investiga las gestiones que supuestamente favorecieron a personas imputadas en el caso Hidalgo, causa contra el blanqueo de capitales investigada por él y donde se intervinieron 92 millones de euros, 60 coches de lujo y 553 viviendas en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol. El juez está imputado de nuevo por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación por el TSJA.

De Urquía prestó declaración a principios de año para denunciar que su procesamiento judicial "era fruto de la venganza de las mafias de la Costa del Sol, por haber desmantelado sus redes" en el caso Hidalgo. A continuación, se negó a responder a las preguntas del magistrado Miguel Pasquau, que también ha instruido su primera causa en el TSJA, hasta que "se levante el secreto sobre las actuaciones". El juez instructor informó a De Urquía de que su teléfono había sido intervenido durante el pasado otoño, pero aclaró que las escuchas telefónicas fueron declaradas "nulas de pleno derecho" al no ser acordadas por el tribunal. Junto a De Urquía está imputado un amigo suyo, acusado asimismo en la primera causa abierta por el TSJA: Arnaud Fabrice Albouhair.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado 23 de enero una nueva suspensión contra el juez -ya apartado de su juzgado por su supuesta implicación en el caso Malaya- por este nuevo proceso. El acuerdo, ratificado en el pleno del pasado miércoles, justifica la adopción de la medida por "la incoación de nuevas diligencias previas por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por parte de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

"Los hechos que han dado lugar a la incoación del proceso penal contra el magistrado tienen encaje en la previsión legal, además de comportar un perjuicio y descrédito evidentes para la Administración de Justicia", señala la resolución del Consejo del Poder Judicial. La primera causa contra De Urquía, relacionada con el caso Malaya, motivó una primera suspensión del juez el pasado julio. El magistrado Miguel Pasquau, que terminó su investigación en diciembre, considera que el juez cobró 78.300 euros de Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama marbellí. De Urquía está acusado de aceptar ese dinero para comprar una vivienda a cambio de asesorar a Roca y suspender la emisión de un programa de televisión que indagaba sobre su enorme patrimonio.

En su contundente resolución, el magistrado instructor dijo que "no alberga duda alguna" de que las anotaciones contables de 78.300 euros encontradas durante la investigación del caso Malaya en los despachos de Roca, supuesto cerebro de la trama de corrupción marbellí, "constituyen el reflejo de entregas efectivas que Juan Antonio Roca efectuó a favor de Francisco Javier de Urquía". El instructor considera en dicho auto que "existen indicios racionales" para creer que Roca entregó ese dinero al juez De Urquía "en consideración por su condición o actuación como magistrado" y que "éste aceptó la dádiva". El magistrado Pasquau estimó insuficientes las pruebas aportadas durante la instrucción por la defensa del juez De Urquía.

Según el instructor, "puede concluirse" que De Urquía asesoró a Juan Antonio Roca a través de Arnau Fabrice Albouhair, amigo común de ambos e imputado en ambos procesos abiertos por la Sala de lo Civil y Penal del TSJA. Para demostrarlo, los investigadores aportaron una conversación telefónica entre Roca y Albouhair en la que una voz en segundo plano aconseja sobre la mejor forma de interponer un escrito judicial. A pesar de que la policía científica no pudo establecer la coincidencia con la voz de Urquía, el magistrado sostuvo que esta circunstancia no le impide concluir -"sobre la base de su apreciación y cotejo personal"- que se trata de la voz del juez imputado.

Las explicaciones de Urquía y Roca sobre el presunto pago de 78.300 euros para la vivienda no convencieron al magistrado, sorprendido por la insistencia de Roca en saber qué cantidad figuraría en el contrato.

El TSJA investiga ahora la instrucción de De Urquía en el caso Hidalgo, así como la supuesta intervención de personas de su entorno en la operación. El caso destapó el pasado abril una trama de blanqueo de capitales supuestamente orquestada desde el despacho de abogados Cruz-Conde, de Marbella. En la operación se detuvo a personal del despacho, economistas vinculados a la firma, familiares y varios notarios.

El magistrado Pasquau y la investigación policial intentan esclarecer las gestiones que presuntamente favorecieron a ciertos imputados del caso Hidalgo, tanto por parte del juez De Urquía como por parte de su amigo Arnau Fabrice Albouhair. Asimismo, la instrucción busca aclarar si se produjeron supuestos pagos de dinero a personas del entorno del juez suspendido por dos veces por el Consejo General del Poder Judicial.