Precio y ganancia a costa de Cataluña
Hay algo profundamente desagradable en la forma en que Convergència i Unió sintetiza su oferta para las elecciones legislativas de España. Se trata de esa insistencia en el precio que, después de los comicios, espera cobrar por sus resultados. No por la cuantía, que tanto hace salivar a los dirigentes de la federación, sino por el hecho mismo de reducir su proyecto para España a una mera cuestión de precio por el voto de sus diputados. Y también por la impudicia con que lo ofrecen por igual a cualquiera de los posibles pagadores.
Esta manera de plantear los objetivos, que CiU exhibe en cada convocatoria de las elecciones legislativas, ha sido interpretada como una expresión genuina del tópico del catalán interesado sólo en lo suyo, pesetero, etcétera. Ha contribuido notablemente a dañar la imagen de Cataluña en el resto de España. A fin de cuentas, la coalición fundada por Jordi Pujol ha conseguido erigirse en la imagen de marca de lo catalán en la política española. Pero este comportamiento la ha hecho antipática a los ojos de muchos electores. En particular a los de aquellos que ignoran, o prefieren ignorar -de todo hay- que en política ningún partido suele dar nada a cambio de nada.
CiU da pie a que se entienda que su interés en la política española se restringe a la obtención de beneficios particulares
A estas alturas sorprende que los dirigentes de CiU insistan en el planteamiento. Primero porque les pone en el punto de mira de quienes les acusan de querer convertir a PSOE y PP en rehenes de sus votos en las Cortes, lo que acaba alimentando campañas anticatalanas como las registradas en esta legislatura. También porque poco a poco va creciendo en muchas partes de España una percepción negativa de los partidos regionales. Pero sobre todo porque lo que se dirime en las elecciones legislativas no es qué grupo parlamentario será la bisagra, llegado el caso. Lo que se dilucida es quién, cómo y para qué va a gobernar España. En consecuencia, todo partido que se precie de seriedad, como CiU, debiera comprender que le conviene acudir a ellas con su programa para España por delante. Que esa propuesta sea tan reiteradamente reducida a una mera cuestión de precio no ensalza a CiU. Envía al cuerpo electoral un mensaje negativo acerca de sus pretensiones.
Con esta actitud CiU da pie a que se entienda que su interés en la política española se restringe a la obtención de beneficios particulares para la propia federación, por mucho que se presente a sí misma como la verdadera representante de Cataluña. Esto es lo que ha permitido a sus adversarios catalanes acusarle desde hace tiempo, y ahora también, de carecer de un verdadero proyecto para España, defensa de la Constitución aparte. Le recriminan estar tan primordialmente interesada en ese cobrar el precio de sus apoyos parlamentarios en las Cortes que todo lo demás es secundario para ella, marginal. Porque en ese toma y daca no se le paga en euros, por supuesto, aunque anden en juego cosas que cuesten mucho dinero, sino sobre todo en cuota de poder en Cataluña. Ahora es nada más y nada menos que un cambio en las alianzas de gobierno en la Generalitat. El derribo del tripartito de la izquierda.
Así, el objetivo principal de CiU en las elecciones a las Cortes resulta ser algo que, en realidad, es ajeno a los quehaceres específicos del Parlamento español, pues la relación de fuerzas en el escenario doméstico catalán es otra y tiene su propio marco institucional y electoral. El esquema que mezcla ambos escenarios lo instauró CiU cuando gobernaba en la Generalitat. El grupo parlamentario de CiU actuaba entonces como el representante del Gobierno catalán en las Cortes, donde cuidaba de los intereses del ejecutivo presidido por Pujol. Fue así como se cultivó y creció la confusión entre partido y gobierno de la Generalitat, en un juego aceptado en sus respectivos momentos por los presidentes González y Aznar como parte de la factura que pagaban por el apoyo de CiU. Este paradigma, al que Pujol extrajo tantos rendimientos, ha dado ya de sí todo lo que podía y la actual predisposición de CiU a entrar en el Gobierno español indica que sus dirigentes lo saben. Su reiteración traería, si se diera, mayores daños a la imagen de Cataluña en el resto de España.
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