Un juez militar indaga la repatriación de seis guardias civiles de Kosovo

El Juzgado Togado Militar Central número 1 ha abierto diligencias para aclarar las circunstancias en que el Ministerio de Defensa decidió, el pasado 1 de agosto, la repatriación forzosa de una unidad de la Guardia Civil destinada en Kosovo y formada por seis agentes. Las diligencias son fruto de la denuncia presentada por el sargento de la Guardia Civil que estaba al frente de esa unidad de policía militar. Y está dirigida contra del coronel José Federico Fernández del Barrio, jefe de la agrupación militar que entonces se encontraba en la zona, compuesta por 620 efectivos, la mayoría de la Brigada Mecanizada de Cerro Muriano (Córdoba), que fue quien reclamó a Madrid el relevo de los agentes.

El sargento imputa al coronel un presunto delito de "abuso de autoridad", que el Código Penal Militar castiga con penas de tres meses a cuatro años de prisión. Es la primera vez que el jefe de un contingente militar español en el extranjero es investigado por un juzgado militar. También han sido denunciados el comandante auditor de la agrupación y tres de los guardias, a los que el sargento acusa de allanamiento de morada, trato vejatorio, denuncia falsa, deslealtad o amenazas. El juez ha dado traslado de las diligencias a los denunciados "informándoles del derecho que les asiste a la asistencia letrada y a personarse en las actuaciones".

Según el auto judicial, los hechos investigados "se refieren a una serie de incidentes que tuvieron lugar en julio de 2007", cuando los guardias civiles estaban destinados en Base España, en Istok (Kosovo).

El juez explica que el sargento "fue acusado [falsamente entonces] de embriagarse, de ser propietario de diversas bebidas alcohólicas que había en el acuartelamiento, que fue sometido a una prueba de alcoholemia y que, una vez que se encontraba pernoctando en la habitación" de otro suboficial, "se procedió a un registro de la misma".

"Como consecuencia de dichos incidentes", concluye el juez, "se procedió a la expulsión de todos los componentes de la Guardia Civil comisionados, sin ningún tipo de explicación".

"Trato injusto"

La Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC) ha expresado su "absoluto respaldo" a la denuncia del sargento, de quien asegura que recibió un trato "totalmente injusto", ya que fue repatriado sin motivo, como prueba el hecho de que no se le abriera ningún tipo de expediente disciplinario. "Desde que regresó a España ha denunciado ante diversas instancias lo que allí sucedió, sin que nadie le haya hecho caso. Al final, no ha tenido más remedio que acudir a los tribunales", aseguró un portavoz de la asociación. El sargento pide una indemnización por los daños morales y económicos.

El Gobierno ha remitido recientemente una respuesta escrita a IU en la que confirma el relevo prematuro de la citada unidad, según informa la cadena SER. "La permanencia de la unidad de la Guardia Civil en la zona", alega, "ponía en riesgo severo la misión".

Según el Ejecutivo, el relevo "se produjo al detectar que el funcionamiento [de la unidad de la Guardia Civil] estaba siendo afectado negativamente por problemas personales ajenos al servicio". Asegura que "durante el periodo transcurrido entre el repliegue de la citada unidad y la llegada del relevo, el jefe de la fuerza militar en Kosovo tomó medidas para garantizar las funciones de policía militar".

Los incidentes que rodearon la repatriación fueron objeto de unas primeras diligencias por parte del Juzgado Togado Militar número 12, que las archivó el pasado septiembre por considerar que los hechos no eran un delito de carácter militar. Esta investigación se dirigió exclusivamente a aclarar el hurto del borrador de un informe elaborado por el sargento sobre uno de sus subordinados y las supuestas injurias contenidas en el mismo. Ahora, la denuncia se dirige directamente contra el coronel.