Los nuevos propietarios de Los Merinos intentan pactar cambios con la Junta

El cambio accionarial y consiguientemente en la dirección de Club de Campo y Golf de Ronda, promotora del polémico proyecto de Los Merinos, que contempla la construcción de 783 viviendas, dos campos de golf y tres hoteles, puede deparar un giro radical en el conflicto que ha enfrentado a la entidad y el Ayuntamiento de Ronda con la Junta y que ha derivado en una fractura social en la ciudad.

Retiradas cuatro querellas contra ecologistas que criticaron el plan

La nueva dirección, nombrada después de que el grupo Copisa se haya hecho con la totalidad de la sociedad, se ha propuesto reconducir la situación y ultima una adenda al proyecto de urbanización para corregir los aspectos rechazados por la Administración autonómica y tratar de evitar así que prosiga el contencioso judicial por la impugnación de la Consejería de Obras Públicas.

El alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara (PA), anunció hace una semana que el proyecto se había modificado, algo que negó tajantemente la Junta. Marín Lara de hecho no conoce ningún documento, aunque sabe que hay cambios en estudio, y la intención de la promotora es presentar la adenda primero a la Junta.

El nuevo director general de Club de Campo y Golf de Ronda, Rafael Orbaneja, tendrá una reunión en los próximos días con el delegado del Gobierno de la Junta en Málaga, José Luis Marcos, para darle a conocer estos cambios y conocer los criterios de la Junta.

Fuentes de la promotora han precisado que en todo caso se trata de cuestiones meramente técnicas sobre pendientes, mediciones o trazas de calles, entre otros aspectos a los que la Junta ha puesto reparos.

La Junta tiene impugnado en los tribunales el proyecto de urbanización del complejo, que se ubica en un paraje de encinares a 12 kilómetros de Ronda que es suelo urbanizable, según el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La Consejería de Obras Públicas alega que el proyecto incumple la limitación que le impuso la declaración de impacto ambiental de no transformar más del 25% del terreno. La promotora lo niega, y asegura que su proyecto sólo ocupa el 23,7% de la superficie del paraje y no el 29,8% que dice la Junta.

Lo que existe es una diferencia de criterio sobre la base que hay que utilizar para calcular este porcentaje. Según la promotora, el informe de impacto ambiental determina que debe ser el conjunto de las zonas de actuación y excluir los espacios libres y sistemas generales. Discrepancias como éstas son las que la nueva dirección de la promotora pretende discutir y acordar con la Junta. Hasta ahora no ha habido ningún diálogo. La promotora esgrime en favor del proyecto la baja densidad de la urbanización, una vivienda por hectárea.

Respecto a otro de los asuntos polémicos que más ha centrado la contestación social al proyecto, el uso de agua de loa acuíferos de la zona que la Cuenca Mediterránea ya denegó, la promotora entiende ahora que no será necesario. El abastecimiento de agua potable podría hacerse desde la red general de Ronda, siempre que se permita la construcción de una conducción desde la depuradora para el riego de los campos de golf que la entidad financiaría.

Como prueba del nuevo talante y cambio de actitud, la promotora ha retirado cuatro querellas que la sociedad tenía presentadas contra miembros de los movimientos opuestos al proyecto, por difamación y falsedad en su mayoría.

En una de ellas, retirada el 8 de enero, se imputaba a dos dirigentes ecologistas y un agente de la patrulla verde de Ronda por falsedad documental y prevaricación por asegurar que el proyecto ocupaba una cañada real. El 15 de enero se retiró otra denuncia por extorsión, amenazas y coacciones contra un opositor al proyecto por "manifestaciones falsas e insidiosas". También se ha desistido de otra causa contra un ecologista al que se acusaba de falsear una denuncia sobre el hallazgo de un buitre muerto en el paraje.