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Entrevista:ALBERT SÁEZ | Presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales

"No me siento como un comisario de partido al frente de TV-3"

Albert Sáez (Barcelona, 1965) es desde el pasado viernes el nuevo presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), ente gestor de TV-3 y Catalunya Ràdio. Periodista con amplia experiencia, ha ocupado en el último año el cargo de secretario de Medios de Comunicación de la Generalitat.

Pregunta. Su salto desde el Gobierno a los medios públicos ha levantado suspicacias, máxime cuando se aprobó una nueva ley de la CCMA que buscaba sacar a TV-3 del control partidista y gubernamental. ¿Qué hace un secretario de medios de comunicación del Gobierno al frente de TV-3 y Catalunya Ràdio?

Respuesta. Antes que nada hay que aclarar que no será el secretario de medios de comunicación quien presida el consejo de Gobierno, sino alguien que lo fue hasta la semana pasada. Ha habido una desgubernamentalización en la elección del consejo de Gobierno, pues ya no se nombra por decreto, sino mediante una mayoría de dos tercios del Parlament.

"No habrá decisiones unívocas para elegir a los directores de TV-3 y Catalunya Ràdio; nos pondremos de acuerdo al menos los dos tercios del consejo"

"El reto futuro es acertar en el tipo de servicio público que debe dar la Corporación a través de Internet y de la telefonía móvil"

"Demostraremos que han cambiado muchas cosas en los medios públicos (...) no se trata de convencer nadie 'a priori', sino con la forma de actuar"

P. La nueva ley buscaba despartidizar y desgubernamentalizar la Corporación. En lo segundo se ha avanzado, en lo primero, no. En el consejo hay muchos comisarios de partido.

R. Yo no me siento un comisario de partido y no creo que ninguno de mis compañeros se considere comisario. Los consejeros estarán seis años en el cargo, de manera que no sólo quedan fuera del control directo del Gobierno, sino también del Parlament, que se disolverá antes que el propio consejo. Ahora nos toca demostrar trabajando que actuamos de acuerdo con el interés general de los medios públicos. Si lo conseguimos, las dudas que pesan sobre nosotros desaparecerán.

P. El Colegio de Periodistas dice que el sistema que ha llevado a su elección es "un retroceso de la calidad democrática". ¿Los profesionales se hicieron excesivas ilusiones de cambio con la nueva ley?

R. Cuando hay una reacción de este tipo es que han pasado muchas cosas. Confío en que podremos demostrar que han cambiado muchas cosas en los medios públicos. Un cambio ya se ha visualizado: nuestra elección ha pasado por el Consejo del Audiovisual y el Parlament nos ha evaluado y nos ha escogido por mayoría de dos tercios. Esto ya es un primer cambio.

P. Pero nos encontramos con un consejo formado por ex jefes de prensa de partidos políticos, ex consejeros de la Generalitat y ex diputados. Con este panorama no es fácil convencer a los ciudadanos de que algo ha cambiado en TV-3.

R. No se trata de convencer a nadie a priori, sino con la forma de actuar. En la vida todos ponemos etiquetas para condensar información. A mí, por ejemplo, se me puede presentar de muchas formas, todas ellas legítimas. Sí, he sido secretario de Medios de Comunicación del Gobierno, pero también he sido profesor universitario, periodista, ex miembro del consejo editorial de un diario y ex vicerrector de la universidad.

P. ¿Su elección por dos tercios del Parlament le hace sentirse más protegido que sus predecesores ante las llamadas por parte de los diferentes poderes?

R. Recibir la confianza de dos tercios del Parlamento me honra, pero no creo que yo deba ocuparme de asuntos susceptibles de generar este tipo de llamadas. Dicho esto, todos los que hemos sido periodistas sabemos que las presiones se producen en todas las esferas y en todos los medios.

P. ¿Ha acabado definitivamente la época en que los directores de TV-3 se quitaban y ponían con una llamada del presidente de la Generalitat?

R. No habrá decisiones unívocas. Tenemos que ponernos de acuerdo al menos dos tercios del consejo para nombrar a los directivos de las empresas del grupo, ello es una garantía.

P. Su antecesor se marcha presumiendo de haber eliminado el déficit de TV-3. ¿Cuál es su objetivo?

R. Antes que nada debemos inventar el funcionamiento del Consejo de Gobierno de la Corporación. También debemos ver de qué manera actualizamos el prestigio y talento en el entorno digital. También debemos acertar en el tipo de servicios públicos que se deben dar a través de internet y telefonía móvil.

P. ¿Se repetirá un nuevo caso como el de Cristina Peri Rossi, despedida como colaboradora de Catalunya Ràdio por no hablar catalán?

R. Me habla de un caso concreto en 25 años de historia. Los medios de comunicación forman parte de una estrategia de país que cuenta con un amplísimo apoyo parlamentario y que abraza tanto el tratamiento de la lengua en la escuela como el tratamiento de la lengua en los medios públicos. Si en algún momento se produce un conflicto entre el mandato del Parlament a los medios públicos y la práctica profesional cotidiana, lo que debemos hacer es conciliar este posible choque de intereses.

P. Sin llegar a medidas coercitivas, se entiende.

R. Efectivamente.

P. ¿En TV-3 queda costra nacionalista que arrancar, como dijo un dirigente del PSC?

R. No entiendo la naturaleza de esta expresión.

P. ¿La televisión nacional debe ser nacionalista?

R. El carácter nacional de los medios públicos catalanes viene determinado por el mandato de la ley, que es ofrecer servicio público a todas las personas que viven y trabajan en Cataluña, y hacerlo en lengua catalana. Esto no es tan diferente del modelo escolar y nunca he escuchado a nadie decir que la escuela catalana sea nacionalista.

P. Francia está debatiendo eliminar la publicidad de los medios públicos. ¿Le atrae la idea?

R. La medida que ha propuesto el presidente Sarkozy queda fuera del alcance de las competencias de la Generalitat, pues pide eliminar la publicidad de la televisión pública, que pasaría a financiarse con un impuesto que gravaría el incremento de la publicidad que tendrían las cadenas privadas. Esta decisión, con las leyes actuales sólo la puede tomar el Gobierno español.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de enero de 2008