La falta de medios de los fiscales bloquea centenares de causas

A la Fiscalía le faltan medios. Le faltan funcionarios, carece de instalaciones adecuadas. Esa situación mantiene bloqueadas centenares de causas. La inspección fiscal desde Madrid lo ha trasladado a la Consejería de Justicia, responsable de la dotación de medios del ministerio público. Los coordinadores de diferentes destacamentos, como Gandia y Alzira, han escrito hasta tres cartas desde mayo pasado. Aseguran que ni siquiera han obtenido respuesta. En muchos emplazamientos, las condiciones son, según la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Gabriela Bravo, "insostenibles, inaceptables".

En Torrevieja, con cuatro juzgados civiles, tres de instrucción, uno para juicios penales y uno especializado en violencia sobre la mujer, la fiscalía solo tiene, según fuentes de la propia institución en Alicante, dos funcionarios. Son ocho fiscales. La situación la definen como "penosa". No se pueden ni siquiera registrar las causas que llegan.

En Alzira, la fiscalía ocupa una planta en un edificio de cuatro alturas, seis fiscales comparten una estancia de 20 metros cuadrados; dos, una de nueve; cuatro funcionarios, de los que ahora solo trabajan tres por una baja, están en 25 metros, sin ventanas, en una habitación ciega en la que se acumulan centenares de causas. El destacamento de Alzira, que sirve a 15 juzgados y tres registros civiles, tiene al menos 250 causas paralizadas.

En Gandia, la cocina de una segunda planta en una comunidad de vecinos frente al edificio de juzgados es el archivo de la Fiscalía. Se dan la mano con las tomas de agua y se ventilan gracias a la galería. No hay salas para recibir a los ciudadanos, las carpetas decoran los pasillos que conducen a lo que eran habitaciones, y la vigilancia es a distancia, la que realiza la Guardia Civil desde los juzgados. No caben los funcionarios, cinco, que están hacinados en un cuarto. Ni caben los fiscales.

La situación es "dramática". El teniente fiscal de Alicante relata que la inspección fiscal aseguró, tras revisar hace escasas semanas las instalaciones, que "nunca había visto una falta de medios" parecida en toda España.Elche, con el nuevo organigrama tras la reforma del estatuto fiscal y la creación de las jefaturas superiores autonómicas, se ha convertido en jefatura de área. "El que se pida ese destino tendrá que sentarse en una mesilla de noche, no hay sitio para meter una mesa, o decirle a alguno que se vaya a trabajar a casa". Así lo explicaban ayer desde la Fiscalía de Alicante. La primera piedra del nuevo palacio de Justicia está puesta, pero no hay una solución interina para las carencias de espacio y dotaciones.

La Fiscalía en Alicante ciudad se reparte entre Benalúa y la Audiencia Provincial. En esta última, en la que la instalación eléctrica es visible, no se ha pintado desde hace años, los muebles están en condiciones deplorables, el papel se amontona por los pasillos, no hay estanterías, hay despachos minúsculos compartidos por cinco fiscales y una escalera ha pasado a ser depósito de centenares de asuntos que no caben en ningún otro lugar. El despacho del jefe da a la plaza del Ayuntamiento; el resto, al callejón de los presos, sin luz natural. Y, como explicó ayer el teniente fiscal de Alicante, José Luis López Coig, "lo peor es la falta de funcionarios, es gravísimo, no se puede atender a todo, uno que viene de fuera no lo puede creer".

La falta de funcionarios es también una constante en la Fiscalía de Valencia. Las ejecutorias se acumulan por centenares; donde debería haber cuatro funcionarios hay uno; la misma persona atiende el mostrador de civil, y el de penal coge el teléfono y reparte el correo para casi un centenar de fiscales. Los fiscales no encargan copias de documentos porque no hay quien las haga y redactan escritos tipo que acompañan a las causas para agilizar la tramitación de expedientes.

La presidenta de la UPF, Gabriela Bravo, que calificó la situación de Gandia como "de película de Almodóvar" y la de Alicante como "un viaje a hace, al menos, dos siglos", se reunió el pasado miércoles con el director general de Justicia y con la secretaria autonómica. Bravo aseguró ayer, ante lo que entiende que son "condiciones de trabajo deplorables", que ambos responsables reconocieron que "el número de funcionarios es escaso" y que "no se invierte lo necesario". Se mostró sorprendida de que ante algunas cosas actuaran como si no supieran nada, cuando ella misma se dirigió al actual consejero, Fernando de Rosa, cuando era secretario autonómico en 2004 para participarle algunas de las situaciones que ahora denuncia.