La Audiencia Nacional ve "nefasto" el archivo del Yak-42 y manda investigar

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Fernando Grande-Marlaska, recibió ayer un severo correctivo por parte de sus superiores de la Audiencia Nacional. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal difundió un auto en el que anula la decisión que adoptó dicho juez el 20 de junio pasado por el que archivaba el caso Yak-42 -la contratación del avión ucraniano en cuyo siniestro murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003- con el argumento de que el Ministerio de Defensa carecía de cualquier responsabilidad en el accidente.

Trillo y Bono deben declarar como testigos tras la reapertura del caso

El tribunal da la razón a las acusaciones y considera que la decisión de Grande-Marlaska fue "desacertada en su motivación, al precipitarse en acordar el sobreseimiento libre, con las nefastas consecuencias que hubiera tenido para la causa de no haberse interpuesto los preceptivos recursos [...] adquiriendo fuerza que cosa juzgada e impidiendo que las familias de los militares fallecidos obtuvieran la tutela judicial efectiva".

La Sala recuerda que ya en 2004 ordenó al instructor -entonces, la juez Teresa Palacios- que depurase las responsabilidades de los miembros del Ministerio de Defensa que debieran haber controlado e inspeccionado las condiciones del avión o sus tripulantes. Y agrega, en contra del criterio de Marlaska, que esta obligación era irrenunciable, pues no derivaba del contrato privado que pudiera firmarse con una línea aérea, sino del vínculo de derecho público del Estado con sus militares. "Es evidente que quien tenía la obligación de cumplir con el transporte de las tropas era el Ministerio de Defensa, siendo los contratistas el medio del que éste se sirvió para alcanzar dicho objetivo", afirma.

Tras recordar que España pagó 140.000 euros por un vuelo que sólo costaba 39.000; que hubo 14 quejas de militares sobre las malas condiciones de esos aviones antes de que se produjera el siniestro; que no funcionaba una de las cajas negras del aparato; o que la tripulación llevaba más de 24 horas sin descanso, el auto concluye que es necesario "que la investigación continúe para el completo esclarecimiento de los hechos y constatar si existieron omisiones por parte del Ministerio de Defensa, al permitir que dicho vuelo ilegal despegara y se pudiera producir el evento luctuoso".

El tribunal no sólo anula el archivo de la causa, sino que manda expresamente al instructor que practique las diligencias que fueron solicitadas por las acusaciones, "dada la importancia que muchas de ellas tienen para el completo esclarecimiento de los hechos".

Entre las pruebas que ahora deberán practicarse figuran las declaraciones como testigos de quien era ministro de Defensa cuando se produjo el siniestro, Federico Trillo-Figueroa, o de su sucesor en el cargo, José Bono, quien investigó los hechos: así como la del ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra Luis Alejandre; entre otras.

El ex vicepresidente de la Comisión de Defensa del Congreso Arsenio Fernández de Mesa, del PP, quien se felicitó en su día por el archivo del caso y exigió al PSOE que pidiera disculpas a Trillo, calificó ayer la decisión de la Audiencia Nacional de "manipulación obscena y repugnante de la Justicia".

Pacho González, presidente la asociación que agrupa a la mayoría de las familias de los militares muertos, mostró su satisfacción por el hecho de que al fin se vaya a investigar y respondió a Fernández de Mesa que "lo único obsceno fue la actitud de quienes no se preocuparon de la seguridad de nuestros militares cuando estaban vivos y no les guardaron el mínimo respeto cuando ya estaban muertos".

Grande-Marlaska no sólo archivó las diligencias sobre la contratación del Yak-42, sino también sobre la investigación por la falsa identificación de 30 de los 62 cadáveres de los militares. Esta decisión está también pendiente de recurso.