Tribuna:Tribuna
i

Actualidad de José Canalejas

Cuando el anarquista Manuel Pardiñas abatió a tiros al presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, el 12 de noviembre de 1912 ante el escaparate de una librería de la Puerta del Sol, cercenaba una de las últimas oportunidades de convertir la monarquía liberal nacida de la Restauración en una monarquía plenamente democrática. Durante prácticamente tres años, el político liberal había desarrollado un programa de gobierno orientado a un fortalecimiento del Estado en todas sus dimensiones, con una solidez y coherencia considerables.

Eran tiempos de candente cuestión religiosa. Frente a los que defendían la subordinación del Estado -por ejemplo, del derecho civil- al dogma católico y los que, en la posición radicalmente contraria, propugnaban la completa separación Iglesia-Estado, Canalejas planteó un programa secularizador templado, que sólo en parte pudo desarrollar desde el Gobierno. Pero dicha templanza -apertura de las escuelas laicas cerradas por Maura, permiso para que las confesiones no católicas exhibieran libremente sus símbolos, la denominada ley del candado, que frenaba la expansión de las congregaciones- no impidieron que se viera convertido en un virulento anticlerical por parte de la jerarquía eclesiástica y la prensa de orientación católica.

Canalejas, liberal y católico, defendía la independencia del Estado ante la Iglesia
Nadie debería ser escolarizado en una lengua que no sea la propia

Canalejas practicaba con fervor su fe católica -a propuesta de su primera mujer, se hizo construir un oratorio privado en su palacio de la calle de Huertas-. Pero su sincero catolicismo era radicalmente compatible con su convicción, expresada ya en 1884, sobre la necesaria independencia del Estado ante el poder eclesiástico. El mayor estadista que aportó el partido liberal a la política española sostenía unas posiciones razonables y sensatas -eliminación de cualquier tipo de dogmatismo del sistema educativo, ejercicio de una completa libertad de cultos e incorporación de los institutos monásticos a una ley común de Asociaciones- que trazaban un fértil camino en el desarrollo de las relaciones Estado-Iglesia. "La única fórmula racional, la única posible en España -defendía Canalejas- es la de la regulación jurídica que distingue la esfera propia del Estado y la esfera propia de la Iglesia".

Javier Moreno Luzón ha definido a José Canalejas como un anticlerical católico. Su anticlericalismo, siempre moderado, respondía a una realidad económica, social y cultural -la de la España de principios del siglo XX- en la que la izquierda enarboló la bandera secularizadora con el fin de desarrollar un proyecto moderno y democrático de España, homologable a los de los países más avanzados de Europa. Este proyecto tenía enfrente a un poderoso movimiento clerical (Canalejas siempre diferenció clericalismo de religión católica o de Iglesia) que, básicamente a través de las congregaciones, iba ocupando cada vez más terreno en la vida económica y educativa del país, con un discurso profundamente antiliberal que ponía en cuestión las funciones y, en cierta medida, la propia viabilidad del Estado.

Afortunadamente, en la España de hoy vivimos en un marco constitucional que nos garantiza la libertad religiosa y que impide que ninguna confesión tenga carácter estatal. Algunos de los "impíos" objetivos secularizadores de los liberales encabezados por Canalejas (por ejemplo, la regulación del matrimonio civil para que los contrayentes no tuvieran que abjurar de la fe católica) son hoy aceptados incluso por los cardenales de Madrid o Valencia. Pero convertir una concentración a favor de la familia cristiana en la plaza de Colón de Madrid en un mitin político en el que los purpurados Antonio María Rouco Varela y Agustín García-Gasco afirman que la democracia y los derechos humanos están en retroceso en España no es tan sólo un ataque al Gobierno socialista y a su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Implica poner en tela de juicio el principio democrático de que es la sociedad la que tiene, a través de sus representantes, la potestad de ordenar los principios de libertad individual y de convivencia. No es sólo una demostración de fuerza contra el Gobierno, como lo fue el Congreso Eucarístico Internacional de 1911 en Madrid contra Canalejas. Es también una demostración de que existen -y en algunos casos se han acentuado durante los últimos años- posiciones neoclericales relevantes en la jerarquía católica de nuestro país. Una demostración de que algunos de sus miembros no se resignan a que no se legisle desde una fe -la suya, evidente-mente- o que, como mínimo esa fe no tenga un papel determinante en la legislación.

José Canalejas afirmaba en la España de principios del siglo pasado: "No hay un problema religioso, hay un problema clerical". Un siglo después podemos aventurarnos a afirmar que en esta España donde conviven avances y oportunidades con nuevos desafíos y problemas, no existe ni un problema religioso ni un problema clerical. Pero si algunos se empeñan en crearlo, la respuesta ha de ser de sosegada firmeza en el objetivo de la separación real entre Iglesia y Estado. Una separación que no sólo responde a un mandato constitucional, sino que también lo hace a una sociedad cada vez más plural en todos los terrenos. También en el religioso.

Daniel Fernández ha sido diputado del PSC en el Congreso en la legislatura recién terminada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0020, 20 de enero de 2008.

Lo más visto en...

Top 50