Colegios entre cascotes

Un colegio concertado derrumbado y otro público cerrado porque corre grave peligro de derrumbarse, en Madrid. Un instituto público de Alicante al que se le cae una parte del techo por cuarta vez en ocho años y la escuela de idiomas de Valencia a la que se le desmorona la fachada. Todo en menos de tres semanas. Por suerte, sin heridos. ¿Cómo es posible que las inspecciones no hayan funcionado en ninguno de estos casos? ¿Existen esos controles? En general, no. "No hay en la actualidad inspecciones sistemáticas de los edificios escolares como las que puede haber de sanidad", asegura el experto legal de FETE-UGT Joaquín Chavarri. Consejerías y expertos se remiten a las inspecciones técnicas que van haciendo los ayuntamientos, pero, según el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, Carlos Hernández Pezzi, éstas se suelen circunscribir, "a los residenciales, y según la edad de los edificios".

En el caso de los centros públicos, sí hay en las consejerías, por ejemplo en la valenciana, un grupo de arquitectos y aparejadores que van pasándose aleatoriamente por los centros, asegura el Departamento de Educación. Pero en la práctica, lo que activa a estos profesionales son las quejas y peticiones de los propios colegios e institutos sobre los problemas que puedan surgir: goteras, alguna grieta...

Sin embargo, en el caso de los colegios concertados la responsabilidad de hacer revisiones es del dueño del colegio, a pesar de que se trata de un servicio público que ofrecen las administraciones a través de ellos. La ley establece que la administración compruebe las instalaciones cuando se concede el concierto. Luego, este concierto se renueva cada cuatro años, pero sólo han de justificar documentalmente que siguen cumpliendo los requisitos o las obras que hayan hecho.

A esto se ha remitido la Consejería de Educación madrileña después de lo que podía haber sido una tragedia de no producirse durante las vacaciones navideñas. El pasado 25 de diciembre se vinieron abajo dos vigas del colegio concertado Sagrado Corazón (1.100 alumnos), destrozando la parte central del edificio. Una de las razones fue la construcción sin licencia de una cancha de baloncesto en la azotea del edificio, casi enfrente de la Gerencia municipal de Urbanismo de Madrid. Ahora estaban construyendo un aparcamiento, también sin licencia. Para CC OO, las administraciones educativas también tendrían que asumir su responsabilidad de inspección en estos casos, se queja la federación madrileña del sindicato en un documento.

Escasez de fondos

Aunque no se puede generalizar la actuación puntual -ilegal- del colegio Sagrado Corazón, es cierto que los centros concertados siempre se han quejado de la escasez de fondos que reciben para el mantenimiento de sus instalaciones y de que ninguna comunidad autónoma les ha ofrecido ayudas para invertir en mejoras más grandes e importantes de sus edificios, asegura en un documento la patronal de centros católicos (FERE), mayoritaria en la concertada.

En cuanto a los tres centros públicos que han sufrido incidentes las últimas semanas, estos tenían a sus espaldas una larga lista de informes que avisaban de los problemas. Pero la solución no llegó o, por lo menos, no ha resultado ser la acertada. En el colegio de infantil Valle de Oro de Madrid, que albergaba hasta el mes pasado a 60 niños hasta tres años, sus trabajadores llevan denunciando problemas de grietas desde hace una década. La consejería madrileña ha admitido que han hecho en ese tiempo "muchas inspecciones y reparaciones menores", informa Pilar Álvarez. Unas reparaciones que no han evitado el resultado final, el desalojo el pasado mes y la futura demolición del edificio por peligro grave de derrumbe. El centro funcionaba como escuela infantil desde 1985.

También tenía una larga trayectoria de alarmantes informes la Escuela oficial de idiomas de Valencia, construida en 1967. Profesores y estudiantes también llevan décadas denunciando los problemas en el edificio y la Generalitat, su propietaria, anuncia su reubicación desde 10 años. El lunes pasado, dos años después de que un informe de la Inspección de Trabajo advirtiera de graves carencias de seguridad, parte de la fachada empezó a desmoronarse. En el caso del instituto público L'Encantà de Rojales (Alicante), cuyo techo se volvió a hundir el pasado 7 de enero por cuarta vez desde su inauguración en 1999, la Consellería de Educación valenciana asegura que hasta ahora no se había dado con el problema de construcción.

El mantenimiento, o su escasez, de las instalaciones escolares y la inversión en ellas varía, como casi todo en educación, según la comunidad. Entre lo que gastan los ayuntamientos (que se suelen encargar de las reparaciones y el mantenimiento menor de los colegios de infantil y primaria), y la falta de estadísticas específicas, no se puede tener una idea clara de qué comunidades gastan más y cuales menos. Pero se pueden ver las diferencias en el esfuerzo inversor en la partida que recoge las inversiones en infraestructuras, que van desde el 23% del gasto educativo en Cataluña en 2004, al 5,3% en Baleares.

Siempre hay quejas y se piden más recursos, pero si se consultan en la hemeroteca los casos más graves de los últimos años -derrumbes, peligro de ruina, desprendimientos o quejas por el estado de los colegios- destacan Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. En el primer caso, el último suceso data de noviembre de 2005. Y preguntada la asociación de padres andaluza perteneciente a Ceapa, ésta responde por correo electrónico que, "aunque quedan muchas cosas pendientes", se han modernizado en los dos últimos dos años 1.282 centros.

Sin embargo, la beligerancia con que han respondido CC OO y Ceapa de Madrid y Valencia -aunque siempre hay que tener en cuenta la distancia ideológica que les separa de sus Gobierno regionales, ambos del PP- viene respaldada por los últimos sucesos. En el caso valenciano, un documento de CC OO repasa hasta siete institutos que en los últimos años han presentado un alto grado de problemas. "Derrumbes de muros y revestimientos; filtraciones en paredes y suelos" son sólo algunas situaciones de la inacabable lista de carencias que denuncian. Por su parte, el departamento de Educación se defiende señalando la inversión para la mejora: 200 millones hasta 2009. Por su parte, CC OO de Madrid exige un plan de renovación de los centros madrileños, ya que un gran parte de los colegios e institutos públicos madrileños son de finales de los setenta o principios de los ochenta.