La fiscalía controla el 80% de las incapacidades para evitar delitos

La sección civil de la Fiscalía de Valencia ha cerrado al máximo la protección sobre las personas declaradas incapaces o aquellas que tienen que ser internadas de manera no voluntaria, por ejemplo, en centros y residencias para la tercera edad. Tras dos años de fiscalización de muy distintas situaciones, control de los distintos actores que participan en el proceso y de sensibilizar a instituciones, asociaciones y profesionales, la fiscalía controla, supervisa y protege de manera efectiva el patrimonio del 80% de los incapaces de la provincia de Valencia. El modelo se ha trasladado por la Fiscalía General del Estado, que dirige Cándico Conde Pumpido, al resto de fiscalías provinciales.

Conde Pumpido extenderá el modelo a todas las fiscalías provinciales

Las posibilidades de abuso del patrimonio de personas declaradas incapaces o en situación transitoria de imposibilidad de control sobre sus bienes se ha reducido gracias a esta iniciativa. En este camino por estrangular las posibilidades de delito sobre un sector manifiestamente débil, la sección civil de la fiscalía de Valencia, que coordina Gonzalo López Ebri, ha encontrado a auténticos saqueadores de patrimonios personales vestidos de buena voluntad y amparados en el anonimato y el olvido.

La fiscalía se ha convertido en la fórmula escogida sobre todo por los familiares directos de una persona afectada por una enfermedad, un deterioro, que le incapacita para decidir con solvencia sobre su destino. Es gratuita, no precisa de abogado y procurador, y conduce a un sistema preciso de control sobre el destino de la persona y sus bienes. Evita el coste emocional que en muchos casos ha frenado a hijos o padres ante la eventualidad de tener que solicitar la incapacidad de un progenitor, por ejemplo. Pero el hecho de no hacerlo no significa mayores posibilidades de escapar al control de la fiscalía.

El conjunto de protocolos que a través de las notas de servicio del fiscal jefe, Ricard Cabedo, y propuestas por López Ebri se ha ido configurando en los dos últimos años supone que la fiscalía conoce de inicio la situación del patrimonio de las personas incapaces o internadas de forma no voluntaria, que los guardadores de hecho o los tutores están obligados sin excusa a rendir cuentas periódicas del estado de ese patrimonio, que en el caso de los internamientos las residencias deben cada mes comunicar ingresos, situación, persona que figura a cargo del interno y situación sobre el pago de las costas del internamiento, entre otras informaciones.

Ese protocolo ha permitido descubrir, denunciar y juzgar situaciones delictivas muy distintas. En general, según López Ebri, protagonizadas por personas próximas que no son familiares directos de los discapaces. Desde saqueos de más de 18.000 euros en gastos que nada tienen que ver con el propietario del patrimonio a ventas fraudulentas, bajo precio de mercado, de viviendas. El guardador de hecho, una figura que goza de una cierta flexibilidad frente al control estricto del tutor, ha escondido en algunos casos operaciones de auténtico expolio. El guardador de hecho, un vecino, un familiar lejano, un cuidador, ha comprado, por ejemplo, la casa del incapaz a precio ridículo valiéndose de su debilitada voluntad. López Ebri ha visto, ha denunciado, a personas que se han fundido en menos de tres meses buena parte de los ahorros de una cuenta corriente a través de operaciones sucesivas de desembolsos de 600 euros, o verdaderas malversaciones de pensiones.

El protocolo ahora cerrado, que unifica desde principios de este mes de enero todos los datos en los procesos de incapacidad, de tutela y de internamiento involuntario supone, como ha reconocido la Fiscalía General del Estado, cerrar el paso a los abusos a desprotegidos bajo la fórmula de la caridad mal entendida.