Un libro reivindica la memoria de 182 maestros represaliados

El 31 de marzo de 1939, tan sólo un día antes de concluir la Guerra Civil, Almería cayó en manos franquistas iniciándose desde ese momento un proceso de depuración del funcionariado en el que el régimen se empleó con especial saña contra el colectivo docente. La represión sufrida por 182 de los 972 maestros que fueron sometidos a investigación hasta mediados de la década de los sesenta se convierte en el eje central de Memoria y dignidad, libro con el que el profesor de la Universidad de Almería Antonio Sánchez Cañadas pretende "reivindicar los nombres de todos aquellos que fueron maltratados simplemente por defender valores como la libertad o el pluralismo político", además de "contribuir a curar las heridas abiertas" durante la dictadura.

A partir de los casos documentados en el archivo central del Ministerio de Educación y Ciencia y en el archivo general de la Administración de Alcalá de Henares, el autor ofrece una visión general del acoso sufrido durante la dictadura por cerca del 20% de los maestros almerienses. "Eran el principal enemigo, la mala hierba que había crecido en la patria durante la República", que situó la educac ión como "tema estrella" al atisbar en ella "el camino para sacar a España del fondo en el que la había colocado la historia". Para "cortar esta hierba", el régimen franquista inició un proceso de investigación sobre 972 maestros, a los que exigió una declaración jurada con todas las actuaciones que habían emprendido durante la República, así como un relato de la labor desempeñada por sus compañeros. Un total de 264 docentes fueron imputados principalmente por motivaciones políticas y morales, mientras que 182, entre los que figuraban 12 alumnos, resultaron sancionados por un régimen que vio en ellos "el germen de la escuela progresista" y que pretendió con la depuración practicada "mantener firme al colectivo e inculcarle los nuevos valores a difundir". Cerca del 50% de los maestros sancionados fueron retirados de la docencia, mientras que a cuatro de cada diez de los que recibieron una resolución desfavorable se les apartó del centro en el que solían desempeñar sus funciones.