"No tengo nada que ocultar"

Durante los 13 años que estuvo trabajando como recaudadora en la oficina de Hacienda en Irún, Pilar Gracenea nunca sospechó de la existencia de una trama dirigida desde la propia sede tributaria que se dedicaba supuestamente a defraudar cantidades millonarias al fisco guipuzcoano. Gracenea, una de las cinco personas imputadas por la juez en esta causa, negó ayer ante la comisión de investigación sobre el caso creada en las Juntas Generales de Guipúzcoa todas las acusaciones que pesan sobre ella. Se ratificó en su inocencia y rechazó cualquier vinculación con las irregularidades descubiertas.

Gracenea sostiene que no intervino en ningún expediente irregular

La funcionaria de Hacienda -empleada en dicha sucursal de 1981 a 1987 y, ya como recaudadora, entre 1992 y 2005- corroboró ante los comisionados las declaraciones que hizo en abril de 2005 ante la Ertzaintza y, cinco meses después, ante la juez instructora. Está acusada de delitos de estafa, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y otro continuado de falsedad en documento oficial.

Gracenea coincidió en las oficinas tributarias de San Sebastián e Irún con José María Bravo, el supuesto cerebro de la trama que defraudó 8,1 millones al erario público y se apropió de 1,6 millones de los cobros a contribuyentes que no se ingresaron en las cuentas forales. La funcionaria y Bravo, actualmente en prisión por esta causa, comparten la propiedad de una agencia inmobiliaria en la localidad fronteriza.

A diferencia del principal acusado, quien decidió no responder ayer a la cita de la comisión de investigación, Gracenea llegó a pedir que su comparecencia fuese pública, aunque finalmente se desarrolló a puerta cerrada por indicación expresa de los grupos políticos. A su término, no hizo declaraciones a los informadores; se limitó a decir que se encuentra "muy tranquila". "No tengo nada que ocultar", comentó poco después con los fotógrafos.

En todas sus declaraciones, Gracenea ha negado que participase en la trama y asegurado que no tramitó ninguno de los 37 expedientes tributarios irregulares que están en manos de la juez. De igual modo, siempre ha mantenido que se enteró del escándalo por los medios de comunicación. Cuando fue interrogada por la Ertzaintza a instancias de la Fiscalía, Gracenea admitió que compartía con Bravo el alquiler de una caja de seguridad en el BBVA en la que se registraron movimientos sin justificar por unos 49.000 euros. Y asumió que los ingresos de su socio no resultaban acordes con lo que cobraba por su trabajo en Hacienda.

El presidente de la comisión, el socialista Julio Astudillo, consideró "muy positiva" la comparecencia para el esclarecimiento de los hechos investigados. Sin dar ningún detalle de la declaración, reveló que la imputada fue preguntada sobre las funciones que desempeñó en el Departamento de Hacienda, la estructura de la oficina de Irún, su capacidad de acceso a información tributaria y la organización de la supervisión y control de su trabajo.