4.000 euros de multa por un accidente laboral mortal

El fiscal pedía inicialmente cuatro años de cárcel. Pero los cuatro imputados aceptaron la parte de responsabilidad que les correspondía por las imprudencias que desencadenaron en un accidente laboral mortal y el asunto se cerró, tras aceptarlo el fiscal, con una multa de 4.150 euros. La vista se celebró en el juzgado de Lo Penal número 11 de Valencia.

Cuatro técnicos y dos compañías aseguradoras fueron acusadas por el fiscal. El accidente ocurrió el 13 de junio de 2000. Sobre las 13.00, Francisco Bermejo Buendía, perteneciente a la empresa Ferromar, SL, trabajaba junto a otro compañero y al primer oficial, éste imputado en la causa, montando la estructura metálica de una nave en el polígono industrial Camí Real de L'Alcúdia. Francisco Bermejo estaba sobre una viga, a ocho metros de altura. No llevaba el cinturón de seguridad anclado a ningún punto fijo, según recoge el escrito de acusación. Francisco Bermejo se cayó y murió a consecuencia de las heridas causadas por el brutal impacto. La nave era de Metalcudia, SA, que contrató para la obra a OKISA, SL. Ésta, a su vez, subcontrató la realización de la estructura de la nave a Ferromar, SL.

El fiscal acusó al consejero delegado de la empresa, al director técnico y delegado de prevención de riesgos laborales, al encargado general de obras y al oficial de primer encargado de la dirección de los trabajadores a pie de obra. A ellos los responsabilizó de no haber entregado a los trabajadores el plan de seguridad y de no haberles proporcionado formación alguna sobre las medidas de seguridad concretas que debían aplicarse para realizar la obra. Tampoco, según el fiscal, vigilaron que se aplicaran las medidas que recogía el plan de seguridad de la empresa, aunque no se lo hubieran facilitado a los operarios. El oficial de primera, según el ministerio público, a pesar de observar estas carencias ordenó y consintió que los trabajadores desarrollaran su tarea sin la aplicación de las medidas de seguridad previstas en el plan. Les acusó de un delito de homicidio por imprudencia y de un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Ayer, acusación y defensa alcanzaron un acuerdo. El fiscal retiró pues la acusación por ambos delitos. Se fijó una multa de 4.140 euros para cada uno y una indemnización de 120.000 euros para la viuda del operario fallecido. Los cuatro procesados reconocieron los hechos.