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Investigan si hubo trato de favor a los policías de los chalés ilegales

"Se les caerá el pelo" si hay negligencia, advierte la alcadesa de Córdoba

Manuel Planelles

La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), aseguró ayer que, si se demuestra que se ha cometido alguna "negligencia" o "trato de favor" en el caso de los cinco agentes y ex agente de la Policía Local que se han levantado una casa ilegal, "se le caerá el pelo" a los responsables.

El Ayuntamiento cordobés ha abierto una "información reservada" para esclarecer el asunto. La investigación, que podría estar rematada en una semana, trata de determinar si se ha cometido alguna irregularidad en la unidad de protección del medio ambiente de la Policía Local a la hora de sancionar o tramitar las denuncias contra las cuatro casas ilegales que se han construido los implicados. Dos de los agentes trabajan en esa misma unidad, aunque, según fuentes municipales, no están a cargo del control de chalés clandestinos en Torreblanca.

En 1997, los cinco agentes (dos de ellos casados) compraron un terreno en esta urbanización ilegal. Luego lo dividieron y cada uno decidió edificar en su suelo. Esta parcelación está señalada en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como "urbanizable proyectado". Ahora la urbanización se encuentra en trámites de legalización, pero está prohibido construir allí de momento.

En el Ayuntamiento cordobés constan denuncias contra esas casas desde 2000. Las más recientes son actas de la Policía Local fechadas el 26 de septiembre de 2007 y se trata de las que se refieren al matrimonio de agentes que trabaja en la unidad medioambiental y a un tercer policía que actualmente está destinado como escolta de la alcaldesa.

La investigación encargada por el Consistorio arrancó hace una semana, cuando se publicaron las primeras noticias en la prensa sobre estas construcciones ilegales. Sin embargo, el asunto ya había llegado hasta los responsables municipales a través de un escrito anónimo en el verano del año pasado. Esta carta, que adjuntaba incluso un mapa de la parcelación, fue enviada a la Guardia Civil a finales de julio de 2007. Se denunciaba la actuación de los dos agentes de la unidad de medio ambiente.

La Guardia Civil realizó algunas pesquisas y reclamó información al Ayuntamiento, aunque no tomó ninguna medida concreta. Se remitió el escrito a la Policía Local, que lo recibió el 27 de noviembre pasado.

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"Acopio de pruebas"

El Ayuntamiento está realizando ahora "el acopio de pruebas" para tratar de averiguar si se ha dado alguna irregularidad en el seno de la Policía Local, según Aguilar. Además, las sanciones administrativas por las construcciones ilegales siguen su curso, "como contra cualquier vecino", añadió la regidora.

Por su parte, José Antonio Martín-Caro, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Córdoba, sostuvo ayer que, "de momento", la Fiscalía "no tiene claro que deba intervenir", al entender que se trataría por ahora de una infracción administrativa y no de algo perseguible desde el punto de vista penal. Sin embargo, Martín-Caro se mostró convencido de que si el Ayuntamiento detecta "indicios de delito" se lo comunicarán.

Expedientes contra cinco infractores

En 1997, cinco agentes de la Policía Local de Córdoba (dos de ellos casados) compraron una parcela de unos 5.000 metros cuadrados en la urbanización ilegal Torreblanca, situada a las afueras de la ciudad. El suelo está clasificado como "urbanizable proyectado" desde el Plan General de Ordenación Urbana de 1986. Es decir, toda la parcelación puede legalizarse si se cumple con los trámites pertinentes. Actualmente, la urbanización está en proceso de regularización. Años después de la compra, los agentes deciden dividir el terreno adquirido y construir. Ésta es la relación de los expedientes de sanción que constan en los archivos municipales sobre las cuatro edificaciones de los agentes:

- Edificación de Francisco D. Existen tres denuncias de la Policía Local contra la propiedad de este agente. La primera es por la construcción de un "cerramiento" y data de 2000. La segunda es de 2001 por un "cuarto trastero". Y la última está fechada en 2003 y se levanta por la construcción de la casa de dos plantas, que actualmente no está rematada.

- Edificación de Juan E. Esta persona ya no es agente de la Policía Local. Según los expedientes municipales a los que ha tenido acceso este periódico, fue denunciado por primera vez en 2003 por la construcción ilegal de su casa también de dos plantas. En este momento, el interesado mantiene recurrida la multa en la justicia ordinaria. A su vez, esta persona vendió parte de su terreno a otro individuo, quien también fue sancionado por levantar otra casa sin licencias

- Edificación de Francisco S. Este agente es uno de los tres escoltas de la alcaldesa de la ciudad. La Policía Local levantó el acta de denuncia contra su construcción el 26 de septiembre de 2007. En el acta se apunta que el denunciando sostiene que lo edificado es sólo para guardar aperos y materiales de construcción, aunque "parece habitable", indican los agentes encargados del caso. La construcción tiene 35 metros cuadrados útiles y sólo una planta.

- Maria Dolores R. y Juan. J. El acta levantada por la construcción ilegal de su chalé de dos plantas está fechada también el 26 de septiembre. Estos dos agentes trabajan en la unidad de protección del medio ambiente de la Policía Local. Ella realiza labores administrativas y él está destinado habitualmente en el área de control de ruidos, aunque realiza sustituciones puntuales en las patrullas que controlan las indisciplinas urbanísticas. La casa, según los vecinos de la zona, se construyó durante el año 2007.

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Sobre la firma

Manuel Planelles
Periodista especializado en información sobre cambio climático, medio ambiente y energía. Ha cubierto las negociaciones climáticas más importantes de los últimos años. Antes trabajó en la redacción de Andalucía de EL PAÍS y ejerció como corresponsal en Córdoba. Ha colaborado en otros medios como la Cadena Ser y 20 minutos.

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