El juez imputa estafa a Mirador por una promoción en Fuente de Piedra

El consejero delegado de la promotora malagueña Grupo Mirador, Enrique Faura, y su hermano, Leopoldo Faura, han sido citados como imputados por un presunto delito de estafa por el juzgado de instrucción número 14 de Málaga, después de que prosperara la denuncia interpuesta el pasado septiembre por una veintena de clientes de la promotora que no recibieron sus viviendas en la urbanización de Fuente de Piedra (Málaga) que la empresa comenzó a vender en abril de 2003 y cuya construcción aún no ha terminado.

La empresa vendió las casas sobre plano antes de tener licencia de obra

La piscina privada de la urbanización pasó a ser de uso municipal

La acción judicial de los afectados, casi todos de nacionalidad británica, se dirige también contra los responsables de la comercializadora de viviendas Palmeras Properties, especializada en el mercado inglés y con sede en Benalmádena, y que aparentemente ha sido desmantelada por sus propietarios.

La promoción de Mirador en Fuente de Piedra, formada por 90 viviendas es la más grande del municipio y constituye un verdadero cúmulo de irregularidades. Los británicos que compraron sobre plano alguno de los adosados de la urbanización pagaron por adelantado cantidades que oscilaban entre los 30.771 y los 88.024 euros en concepto de entrada. Al haber entregado estas cantidades a cuenta la promotora estaba obligada por ley a darles un aval bancario o seguro que garantice la devolución de las cantidades y los intereses en caso de incumplimiento del contrato. La promotora concertó este aval con la entidad Caja Hipotecaria Centro Sur S.A., domiciliada en Panamá y sancionada por el Banco de España por usar una denominación que induce a confusión. Enrique Faura ha afirmado que él "también" ha sido un "estafado" por esta Caja Hipotecaria, que fue dada de baja y con la que el Grupo Mirador ya no tiene relación alguna, según sus responsables.

El juez ha citado para el próximo día 24 a los hermanos Faura para tomarles declaración. Además, ya ha interrogado, en este caso en calidad de testigos, a Cristóbal Fernández (PSOE), alcalde de Fuente de Piedra (4.100 habitantes), a Joaquín Checa y a José Anaya, secretario y arquitecto municipal respectivamente de esta localidad de la comarca de Antequera. El juez ha pedido al Ayuntamiento que le remita el expediente completo de la licencia de obra de la promoción, denominada "Villas Rurales de Fuente de Piedra". Uno de los aspectos en los que ha centrado la atención el juez es la piscina privada de la urbanización, que ha pasado a ser piscina pública del pueblo después de que Mirador llegara a un acuerdo con el Ayuntamiento.

La construcción de las casas tampoco cumplía con las expectativas de los compradores: ninguna de las viviviendas cuentan con el garaje y el trastero contemplados en el proyecto básico. Esta falta no fue comunicada por la empresa a los clientes, según la denuncia. La empresa vendió las casas antes de disponer de la licencia de obra.

Los denunciantes solicitaron al juzgado que impusiera a Mirador una fianza de responsabilidad civil de 1,5 millones de euros. El juez ha pedido a la Fiscalía que emita un informe sobre si procede esta reclamación. En caso de tomarse en consideración esta medida, pondría a la empresa en una nueva dificultad económica. El Grupo Mirador, una empresa de tamaño medio, ha tenido problemas para devolver el dinero a clientes que, cansados de esperar a que se terminaran las viviendas, decidieron resolver el contrato. La empresa del Grupo Mirador promotora del complejo de Fuente de Piedra, Coniproje SL, entregó a estos dos compradores sendos pagarés por los 32.695 euros entregados a cuenta. A cambio, los clientes firmaron un documento en el que se comprometían a renunciar a las acciones legales contra la empresa. La sorpresa llegó cuando descubrieron que los pagarés los abonaría otra empresa del grupo, CYO Ingeniería, sobre la que pesaban, según el registro mercantil embargos por dos millones y medio de euros.