Condenados a 41 años los seis acusados de estafar a 1.900 familias
La promotora CPV se quedó con 37 millones por pisos que no construyó en Madrid
La Sala 15 de la Audiencia Provincial ha condenado a un total de 41 años y medio de cárcel a todos los implicados en el caso de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), según el fallo al que ha tenido acceso EL PAÍS y que todavía no se ha hecho público. Francisco García Moreno, el director general de CPV, será condenado a 10 años y medio de prisión; su dos hijos, Francisco Javier y Miguel Ángel, ambos administradores de la empresa, deberán cumplir ocho años y medio cada uno. Igual que Miguel Ángel Morillo del Pozo, el cuarto administrador de la empresa, con el 30% del capital. La Audiencia considera que hubo un "delito de estafa agravada" en los cuatro casos.
Cinco años después, los afectados se preguntan dónde está el dinero
Adelina Erles Abadía y Alfredo Vázquez García, los testaferros de la trama, han sido condenados también por un "delito de estafa" a penas de tres años y dos años y medio, respectivamente. Los seis indemnizarán "de forma conjunta a los perjudicados". La sentencia declara la "nulidad" de los contratos de adquisición de vivienda suscritos entre CPV y Erles, así como los de esta última con Vázquez.
Los cuatro principales imputados, García Moreno, sus dos hijos y Murillo ingresaron en prisión preventiva el lunes ante "el riesgo de fuga", según la Audiencia Provincial, lo que ya hacía augurar un final con penas de cárcel elevadas. Y así lo hacían constar los abogados: "Serán condenadoras con penas muy elevadas", aseguró ayer Gonzalo Martínez-Fresneda, abogado de la Junta Municipal de suelo del Plan de Actuación Urbanística de Sanchinarro.
Los hechos se remontan a diciembre de 1997, cuando se constituye CPV, con Francisco García a la cabeza. Éste convenció a casi 2.000 familias para que le dieran sus ahorros, cerca de 37 millones de euros en total, a cambio de hacerse con un piso en las zonas de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo, al norte de Madrid.
Unas viviendas que nunca se llegaron a construir. Los condenados destinaron a los preparativos de la construcción de las casas sólo una mínima parte de los 37 millones de euros.
El escándalo estalló en noviembre de 2002, cuando las víctimas denunciaron la situación y se echaron a la calle, de manifestación en manifestación. Durante todo ese tiempo García Moreno insistió en la legalidad de su proyecto y animó a más familias a que confiaran en CPV.
"Decía que todo su personal había entrado ahí", contó ayer una de las víctimas, que manifestó cierta alegría por la entrada en prisión de los implicados. "Nos parece perfecto que haya entrado en prisión, esto ha sido un sufrimiento". En su caso, igual que en el de muchos de los 1.889 implicados, otras tres personas más de su familia depositaron los ahorros a CPV. La pregunta que le viene a la cabeza después de cuatro años es: "¿Dónde está el dinero?". Cada afectado perdió entre 20.000 y 70.000 euros de media.
LOS SEIS RESPONSABLES DE LA ESTAFA
Francisco García Moreno, el 'cerebro' de la trama
El director general de la promotora CPV, Francisco García Moreno, de 56 años, fue considerado por el fiscal el cerebro de la estafa a casi 2.000 personas. No tiene antecedentes penales. Durante el juicio se presentó a sí mismo como un empresario sin experiencia en la promoción de viviendas. "Tiene un carácter fuerte, sanguíneo", explicó ayer uno de los abogados de la acusación particular, al que se negó a contestar durante el juicio. García Moreno sostuvo, hasta el último momento, que la denuncia de la Junta de Compensación fue la que le impidió llevar a cabo el proyecto de CPV.
Francisco Javier y Miguel Ángel, los hijos 'mandados'
Francisco Javier García Moreno, de 33 años, y Miguel Ángel García Moreno, de 34, fueron meros mandados de su padre Francisco, según declaró este último a EL PAÍS en 2002: "Ellos, en la empresa, han firmado las órdenes de estar por casa; pero siempre las órdenes las daba yo". Cuando se constituyó CPV, el más pequeño de los dos tenía 18 años. Padre e hijos viven en chalés contiguos en una urbanización de Fuente el Saz. El fallo de la Sección 15 de la Audiencia Provincial les ha condenado por el mismo delito que a su padre, "estafa", aunque ellos pasarán en la cárcel ocho años y medio, dos menos que su progenitor.
Miguel Ángel Morillo del Pozo, el administrativo
Su padre era amigo de Francisco García Moreno "hasta que a finales de octubre de 2002 se rompieron las relaciones con la familia", según explicó ayer su abogado, Francisco Javier Lozano. Con un master en Recursos Humanos por la Universidad Carlos III, Miguel Ángel Morillo del Pozo, de 44 años, sostuvo durante todo el juicio que su relación con CPV se limitó a la gestión del personal y al 30% de la propiedad. Su defensa distó de la de la familia García Moreno: "Ha contestado a todo y se ha metido en muchos berenjenales", explicó ayer un abogado de la acusación particular. Tendrá que cumplir ocho años y medio de prisión.
Adelina Erles y Alfredo Vázquez, los testaferros
Alfredo Vázquez García, de 72 años, y Adelina Erles Abadía, de 60, hicieron una permuta. Vázquez le cambió a Erles 300.000 metros cuadrados de terrenos a cambio de un "ajuar de muebles", según el fallo. Unos terrenos que Vázquez aseguró que le había legado su padre, ya muerto, pero de los que se habían extraviado las escrituras. Luego CPV compró a Erles los títulos, declarados "nulos" por el fallo. "Adelina es una mujer de rompe y rasga", contó ayer uno de los abogados. Y Vázquez, añadió, "un hombre mayor al que es difícil hasta escucharle". Cumplirán tres años y dos años y medio en la cárcel, respectivamente.
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