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El fiscal del Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades en la Cidade da Cultura

Sogama financió facturas y costes de personal que no le correspondían en 2004

Cada nuevo auditor que revisa el expediente de la Cidade da Cultura encuentra irregularidades en la tramitación del macroproyecto arquitectónico que se erige sobre la cima del monte Gaiás. El Tribunal de Cuentas es el último organismo fiscalizador que ha cuestionado la gestión de la Xunta de Manuel Fraga en un proyecto que triplicó su presupuesto inicial desde los 130 millones previstos inicialmente hasta los casi 400 que ha alcanzado la obra aún sin concluir.

El organismo investiga el desvío de fondos y varias anomalías contables

El fiscal jefe de este tribunal, Olayo Eduardo González Soler, sospecha que hubo "desviación de fondos e irregularidades contables" tanto en la determinación de los honorarios que la Xunta pagó a la sociedad Eiseman Architects como en la rescisión del contrato con la firma de Peter Eisenman, creador del proyecto inicial. De sus conclusiones no se derivan, en todo caso, imputaciones penales por lo que no es probable que el Tribunal derive la investigación hacia la justicia ordinaria, una medida que sí ha aprobado el Parlamento gallego en las conclusiones de la comisión que investigó el desfase presupuestario de la obra.

Después de analizar el dictamen del Consello de Contas, González Soler ha hallado en la gestión del anterior gobierno del Partido Popular en San Caetano "indicios reales de perjuicio para las arcas públicas" por lo que ha decidido remitir la documentación a la sesión de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

Ese escrito, al que ha tenido acceso este periódico, es el primer paso en un procedimiento civil, similar en su tramitación a los procesos penales, que tratará de determinar el importe de las cantidades desviadas y, si procede, ordenar su resarcimiento por parte de los gestores de la Cidade da Cultura.

El fiscal jefe explica que será un consejero del Tribunal el que instruya a partir de ahora la investigación. En opinión de González Soler, las irregularidades se derivan del precio pagado por el Gobierno gallego a la empresa de Eisenman y de la forma en que la Xunta resolvió el contrato con esta firma.

De momento, el fiscal ha enviado un escrito al Consello de Contas para que explique algunos aspectos del dictamen. "El objetivo es conocer la opinión del órgano fiscalizador de la comunidad autónoma, ya que a diferencia de lo que ocurre con los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas, el fiscal no está presente en la tramitación del dictamen de Contas del que sólo conoce sus conclusiones cuando ya está aprobado y refrendado por el Parlamento", asegura González Soler.

Es el atajo que los dos organismos han encontrado para sortear las lagunas legales de coordinación entre los dos entes fiscalizadores y evitar que todo su trabajo se quede en una mera reprimenda administrativa.

Además de la documentación de la Cidade da Cultura, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas tiene sobre su mesa una segunda carpeta con el dictamen del Consello de Contas sobre la gestión de la empresa pública Sogama durante el año 2004. También en ese expediente advierte irregularidades contables que darán lugar a un procedimiento similar al incoado por la gestión del monte Gaiás. La demanda civil que le ha sido anunciada al Consello de Contas investiga desajustes contables en la sociedad que depende de la Consellería de Medio Ambiente. El fiscal ha constatado que en el ejercicio 2004 Sogama "asumió costes de personal no contratado por la sociedad pública, abonó retribuciones por encima del máximo legal permitido y sufragó perjuicios económicos derivados del cumplimiento de contratos que deberían ser asumidos por los contratistas". Tales conclusiones han llevado al fiscal a reclamar a la sección de enjuiciamiento que valore si procede nombrar un delegado instructor para "averiguar las cantidades de dinero desviadas y designar al responsable de esas deficiencias".

La doble actuación del Tribunal se produce después de que el Consello de Contas le remitiese de oficio la auditoría sobre los organismos públicos realizada durante el último ejercicio.

Eisenman, 14 millones

Los 188 folios redactados por el Consello de Contas que ha tomado como base el fiscal del Tribunal de Cuentas para abrir una nueva investigación sobre la Cidade da Cultura contienen un variado catálogo de cómo no debe acometerse la gestión de una obra pública. Detalla el fraccionamiento de contratos, la falta de control en el presupuesto y concluye que el Gobierno de Manuel Fraga "abdicó de la gestión prudente de los fondos públicos" hasta conseguir que el coste del macrocomplejo cultural triplicase su presupuesto inicial, cifrado en 130 millones de euros.

Según consta en el dictamen de Contas, la Xunta decidió pagar en el año 2000 casi 14 millones de euros en concepto de "honorarios facultativos" al estudio de arquitectura de Peter Eisenman. El acuerdo según el organismo fiscalizador lo firmaron el secretario general de Cultura y el director general de Patrimonio del Gobierno gallego, pese a que ambos "carecían de competencias" para hacerlo. La decisión fue en opinión del Consello de Contas "absolutamente discrecional y no adaptada a la legislación en materia contractual". Ese diagnóstico es el que ha motivado ahora la reacción del fiscal del Tribunal de Cuentas de abrir una investigación interna.

En el caso de Sogama, la auditoría destapó adjudicaciones irregulares por parte de la sociedad pública a la empresa Unión Fenosa, un grupo empresarial que recibió contratos por 18 millones de euros, la mitad de las subcontrataciones de la planta de basuras.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de enero de 2008

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