IU y PP salvan las naves construídas ilegalmente por Rafael Gómez

Con los votos favorables de IU y PP se aprobó ayer en el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba el proyecto de actuación para las cuatro naves de 40.000 metros cuadrados que el constructor Rafael Gómez, imputado en la Operación Malaya, levantó a las afueras de la ciudad ilegalmente. Se trata de un paso crucial para la definitiva legalización de estas instalaciones que el empresario ideo para la venta a mayoristas. El PSOE se abstuvo en la votación, a la espera del próximo pleno municipal donde se tendrá que ratificar la aprobación del proyecto de actuación, algo que ocurrirá al margen de lo que hagan los socialistas ya que los populares e IU tienen concejales suficientes para sacarlo adelante.

La legalización de las naves se puede llevar a cabo gracias al Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, que también aprobaron el PP y la coalición de izquierdas durante el pasado mandato. Sin embargo, el Gobierno autonómico recurrió ese plan en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Este órgano judicial todavía no se ha pronunciado, aunque sí ha rechazado paralizar el desarrollo del plan como medida cautelar como solicitó la Consejería de Obras Públicas.

Si el TSJA declarara ilegal el plan, podrían surgir problemas en el futuro ya que Gómez resultaría afectado. Sin embargo, Andrés Ocaña (IU), responsable de Urbanismo, sostuvo que en ese caso la empresa no tendría derecho a indemnización.

Según su razonamiento, que las naves se construyeran antes de que existiera el plan especial que permitía que se levantarán unas instalaciones de este tipo "no quiere decir que ahí no pueda haber una instalación de esas características". Un argumento parecido ha sido el que ha utilizado Gómez para defender su actuación en este caso.

Al margen de que las naves se legalicen, Ocaña insistió ayer en que la sanción urbanística a Gómez por la actuación "sigue su curso". Gómez tiene que afrontar una multa de 26 millones de euros. Esta cuantía se podría ver rebajada considerablemente si las naves finalmente se legalizan, algo que mejoraría la situación económica actual de las empresas de Gómez.