Jorge Anaya, el almirante que ordenó invadir las Malvinas

Fue uno de los principales impulsores de la aventura militar de Argentina en las islas Malvinas, en abril de 1982, que 72 días después terminó con una humillante derrota para el país suramericano y con 649 argentinos muertos. El pasado 9 de enero falleció en su domicilio de Buenos Aires, a los 81 años, el almirante Jorge Anaya, quien formaba parte, representando a la Marina, de la Junta Militar que ordenó la desastrosa operación. Aquejado de cáncer y problemas cardiacos, Anaya estaba procesado como responsable de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1976-1982) y su fallecimiento fue comunicado a los jueces encargados de su sumario.

Acostumbrado a mover los hilos detrás del escenario, en 1981 Anaya convenció al general Leopoldo Galtieri, garantizando el apoyo de la Armada, de que se hiciera con el poder en la Junta hasta entonces presidida por el general Roberto Viola. Fue uno de los halcones en la opción de recuperar por la fuerza las islas Malvinas, bajo dominio británico, cuya soberanía reclama argentina desde mediados del siglo XIX. El almirante, bajo cuya responsabilidad quedaba el centro de tortura y asesinato instalado en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), aseguraba a sus colegas que Margaret Thatcher no se atrevería a enviar una fuerza expedicionaria al lejano Atlántico Sur en pleno invierno austral. Pero eso hizo exactamente la Dama de Hierro, quien de paso propinó el golpe de gracia a la dictadura argentina que pocos meses después tuvo que convocar elecciones democráticas y dejar el poder.

En 1986 Anaya fue condenado a 14 años de prisión y expulsado del Ejército por un tribunal militar que lo consideró responsable del fracaso bélico. Según la sentencia el almirante ni siquiera había previsto la reacción británica y además había cometido graves errores como dejar el dominio del mar a la flota enviada desde el Reino Unido. Posteriormente, el peronista Carlos Menem (1990-1999) le indultó en una de sus primeras medidas al acceder a la Casa Rosada. Envuelto en diversas polémicas pero sin tener nada que temer de la justicia, el ex militar vivió sin problemas en su casa de Buenos Aires hasta junio de 2005, cuando la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Anaya fue acusado entonces de 266 casos de secuestro y torturas contra civiles cometidos durante la dictadura. Alegó una dolencia cardiaca para retrasar las investigaciones en su contra y pudo evitar su confinamiento en una prisión militar al sufrir un infarto que le llevó a un hospital castrense. Recuperado, volvió a su domicilio donde ha muerto sin ser juzgado.