Camps exige la dimisión de la defensora del pueblo por su informe de 2006

El Gobierno valenciano, que preside el popular Francisco Camps, exigió ayer la dimisión de la síndic de greuges en funciones (la defensora del pueblo autonómica), Emilia Caballero. La exigencia se produce un día después de que Caballero colgase en la página web de la institución el informe correspondiente a 2006. El documento recoge las quejas de los ciudadanos no atendidas por la Generalitat y un buen número de ayuntamientos valencianos, la mayoría del PP.

Caballero cuestiona la actuación del Gobierno valenciano en materia urbanística. La memoria indica que con demasiada frecuencia se elude la obligación de pedir informes a la Confederación Hidrográfica del Júcar para conocer previamente si hay recursos hídricos. La síndic añade que los informes sobre la existencia de agua e impacto medioambiental se piden habitualmente al final de la tramitación de los proyectos urbanísticos, condicionando el resultado.

El informe, que pone de manifiesto la actitud hostil de ocho de las diez consejerías que se han negado a atender los requerimientos de la síndic, fue entregado en las Cortes Valencianas el pasado 17 de octubre. Desde entonces, la presidenta del Parlamento autónomo, Milagrosa Martínez, ha retenido el documento y no ha encontrado un hueco en su agenda para recibir el informe de manos de Caballero, tal y como ha sido habitual hasta ahora.

"No lo he leído"

El vicepresidente del Gobierno, Vicente Rambla, exigió ayer la dimisión inmediata de la síndic de greuges al difundirse el contenido del informe. La razón del PP para exigir la dimisión de Caballero es que ésta fue elegida como adjunta primera y preside la institución de forma excepcional desde que expiró el mandato del titular a mediados de 2006. "Hay que pedir a los socialistas un ejercicio de responsabilidad y a la síndic que presente la dimisión", dijo Rambla, que hizo caso omiso del contenido del informe. "No lo he leído", sentenció.

La presión para que dimita Emilia Caballero como defensora autonómica es la fórmula con la que Camps quiere desbloquear la renovación de cargos en la institución.

Los socialistas tacharon de "intolerable" la presión popular sobre una institución que es independiente. Esquerra Unida acusó a Camps de querer silenciar la crítica.