Los rectores vuelven a plantarse ante la indefinición de la VIU

La VIU se mantendrá en su actual estado de presentación de Power Point al menos hasta las elecciones generales de marzo, y probablemente durante algún tiempo más. La razón: a pesar de los intentos de la Generalitat, las universidades públicas mantienen su negativa a firmar su integración en la Valencian International University (la VIU, la plataforma de formación superior a través de Internet que el Consell trata de sacar adelante desde hace años) debido a la "indefinición" en la que se halla el proyecto. Y sin las universidades públicas, sin su capital humano integrado en el consorcio, no habrá VIU, tal y como ha acabado por aceptar la Generalitat.

El nuevo no de los rectores es, sin embargo, sustancialmente diferente al que dieron en la legislatura anterior, basado en razones de principio. Con su resistencia, pretenden que el Consell aclare una serie de cuestiones bastante elementales: qué títulos ofertará la nueva universidad; a qué clientela irán dirigidos; cómo se remunerará a los profesores que participen; de qué caja saldrá el presupuesto para sostenerla...

Los rectorados no aceptan tampoco la idea introducida por la Consejería de Educación de que las universidades vayan sumándose progresivamente a la VIU. La consigna es que el acuerdo debe ser previo y la integración de los cinco campus públicos, simultánea.

La primera versión de la VIU fue presentada por el ex consejero Justo Nieto como un modelo cerrado, y recibió un rechazo de plano. Los dirigentes universitarios lo consideraron caro, innecesario y, seguramente esto fue lo más grave, calcularon que entraría en competencia desleal con sus facultades: nacía como un centro privado, con toda la libertad de movimiento que ello conlleva, pero financiado con dinero público que, por otra parte, nunca ha sobrado.

El Consell ha subrayado en esta ocasión (y así lo volvieron a hacer el presidente Camps y el consejero Font de Mora en la presentación del martes en Castellón) su voluntad de negociar la VIU con los rectores y de crearla conjuntamente. Un mensaje muy bien recibido por los campus. "Ante esas referencias, nosotros estamos muy contentos de que se valore a las universidades y de que se valore nuestra contribución. Estamos absolutamente abiertas a colaborar", asegura Ignacio Jiménez Raneda, rector de Alicante y presidente de la conferencia valenciana de rectores.

"Por otra parte", sigue Raneda, y aquí es donde se explica el retraso en incorporase al consorcio planteado por el Consell, "hay que esperar a ver cómo se materializa ese tipo de colaboración. Y eso es algo que está por hacer, aunque nuestra voluntad de colaborar sea total. Nosotros tenemos todo el capital humano necesario, tenemos una experiencia de plataformas tecnológicas que utilizamos de forma continuada y por tanto tenemos muchas cosas que aportar. Si pudiéramos participar, la VIU saldría con una fuerza considerable desde el inicio".

Buenos deseos aparte, la documentación sobre la VIU que el Consell ha remitido hasta ahora a los rectores es "nebulosa", en palabras de un dirigente universitario. No se especifica en ella qué oferta académica podrán estudiar los alumnos a través de Internet, ni qué sistema de evaluación en línea se aplicará, ni en qué instalaciones se realizarán los exámenes finales, que tendrán que hacerse necesariamente en persona.

Tampoco se detalla a qué público concreto se dirige. Un hecho llamativo si se tiene en cuenta que, tras la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, los rectorados están obligados a elaborar un estudio de mercado que incluya una previsión del número de alumnos que cursarán cada carrera. Si una titulación no puede ser aprobada sin ese estudio, ¿se puede poner en marcha toda una universidad sin hacerlo?

Queda por saber también si a los profesores se les pagará por separado sus contribuciones a la VIU ("los contenidos formativos" de los que habla el Consell) o si esa dedicación se enmarcará en su jornada habitual de trabajo. Y si el presupuesto global de la nueva plataforma saldrá del paquete general de universidades. Un detalle potencialmente problemático respecto a la que los rectores han decidido trazar una línea defensiva que se basará en que los campus públicos físicos reciban un determinado porcentaje del PIB.

Repasando las prisas que la Generalitat se ha dado en presentar un proyecto con tantas lagunas, no hay que ser un gran escéptico para percibir el aroma electoral.