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El traspaso de Cercanías a la Generalitat queda aplazado sin fecha

El retraso agrava la brecha abierta entre el Gobierno central y el catalán

La última gran promesa de José Luis Rodríguez Zapatero con relación a Cataluña, el traspaso de la gestión de los trenes de Cercanías a la Generalitat, quedó ayer aplazada sin fecha. La transferencia debía hacerse efectiva este mes, según se comprometió el presidente del Gobierno el pasado julio en el Congreso de los Diputados, pero las negociaciones han resultado un estrepitoso fracaso que ayer se escenificó en la comisión bilateral Estado-Generalitat.

El Gobierno catalán, que preside el socialista José Montilla ha rechazado los términos en los que el Ministerio de Fomento pretendía hacer el traspaso. "La propuesta de transferencia no era suficientemente buena para los intereses de Cataluña", resumió el consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura. La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, minimizó el incumplimiento del compromiso de Zapatero: "El mundo no se para después de un anuncio", dijo, recordando que se han celebrado muchas reuniones para intentar salvar el traspaso.

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Lo cierto hoy por hoy es que no hay fecha para la transferencia. La cercanía de las elecciones y las posteriores negociaciones para formar gobierno no hacen más que añadir incertidumbre al calendario. Nadie prevé otra reunión de la comisión hasta mayo o junio. La negociación ha estado cargada de despropósitos desde el primer día, lo que ha envenenado las relaciones entre el Gobierno central y el catalán. El retraso en el traspaso de Cercanías se suma a otros problemas relacionados con el desarrollo estatutario y el aplazamiento de la llegada del AVE a Barcelona. Los socialistas catalanes temen que el episodio de ayer tenga consecuencias electorales.

Zapatero anunció el traspaso en el debate de política general del pasado 3 de julio. El compromiso se mantuvo en otoño, cuando los problemas en las obras del AVE incluso obligaron a cortar la red de Cercanías durante cinco semanas. Esta crisis lastró la negociación de los traspasos, que embarrancó por completo ante las demandas de la Generalitat para que la red de Cercanías fuera puesta al día antes de su traspaso. El año 2007 se cerró con más de 500 averías en la red.

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Fomento propuso ayer a la Generalitat un acuerdo para gestionar conjuntamente la red ferroviaria mientras no se diera la transferencia definitiva. El documento no preveía inversiones concretas. "Es una tomadura de pelo", replicaron ayer fuentes del Gobierno catalán. "No podemos decir a una simple declaración de intenciones", remacharon. Las mismas fuentes atribuyen el incumplimiento del presidente del Gobierno a una amenaza de huelga por parte de algunos sindicatos de Renfe, contrarios al cambio de gestión.

La ministra de Administraciones Públicas intentó serenar las aguas: "El Gobierno ha dado muestras sobradas de su determinación de cumplir el Estatuto y llegar a un acuerdo". Salgado rehusó ponerle fecha al acuerdo. Sí recordó que el próximo 4 de febrero está prevista la reunión de otra comisión de menor rango para decidir el destino de 700 millones de euros para infraestructuras en Cataluña, de los que una parte serán para la mejora de Cercanías.

La contraoferta sólo consiguió calentar más los ánimos del Gobierno catalán. El consejero de la Vicepresidencia, Josep Lluís Carod Rovira, fue contundente: "Podemos llegar a una situación de colapso estatutario que no sería positiva para Cataluña ni para la estabilidad democrática del Estado Español", dijo en Edimburgo, informa Josep Garriga. Los partidos que forman el Gobierno catalán, incluido el PSC, apoyaron la negativa del Ejecutivo a aceptar un traspaso sin garantías de inversión previa. "Queremos un traspaso en condiciones", afirmó el socialista, Miquel Iceta.

Convergència i Unió aseguró que todo fue una maniobra de Zapatero "para demostrar al resto de España que no quiere ceder nuevas competencias a Cataluña". El PP catalán, pese a rechazar el Estatuto, lamentó el "nuevo incumplimiento" de Zapatero.

Transferidos los chiringuitos de playa

Fracasado el traspaso de Cercanías, los gobiernos central y catalán intentaron poner en valor otros acuerdos alcanzados ayer en la comisión bilateral de desarrollo estatutario. La ministra Salgado y el consejero Saura destacaron especialmente el traspaso de competencias sobre la gestión del litoral a la Generalitat. A las responsabilidades que ya tenía el Gobierno catalán en este ámbito se le sumará a partir de ahora el control de instalaciones de temporada: chiringuitos de playa y pequeños embarcaderos.

La Generalitat también participará en la fijación de los cupos de trabajadores inmigrantes que desarrollen su labor en Cataluña y regulará el ámbito de las comunicaciones electrónicas, particularmente las inspecciones sobre antenas de telefonía móvil. La homologación de títulos no universitarios para extranjeros también pasará a manos de la Generalitat.

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