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4. PAÍS VASCO | EL PAÍS concluye hoy la serie sobre la destrucción del litoral en el norte analizando la costa vasca. Los predadores urbanísticos han sido menos voraces en Euskadi. Los tribunales han conseguido parar, de momento, las recalificaciones masivas. Pero la presión continúa. | La destrucción del litoral | Costa norte

Todavía a tiempo de salvar la costa

El Supremo debe decidir sobre dos proyectos urbanísticos avalados por el Gobierno vasco

En Euskadi la presión sobre el litoral crece, aunque todavía no haya operaciones urbanísticas masivas como en el Mediterráneo. Un informe del Gobierno vasco constata que la ocupación inmobiliaria del suelo se ha duplicado en las dos últimas décadas: de las 23.607 hectáreas de 1987 se ha pasado a las 47.295 en 2005. Gracias a la férrea oposición de los ecologistas, los tribunales vascos han paralizado dos proyectos en Barrika (Vizcaya) y en la reserva de la biosfera de Urdaibai, curiosamente avalados por la Diputación vizcaína y el Gobierno vasco.

El plan del litoral, aprobado en 2007, pretende frenar la presión urbanística

En Barrika, de 1.400 habitantes, planean la construcción de 1.511 viviendas

50 nuevos chalés en Urdaibai amenazan la única reserva de la biosfera en Euskadi

En el enclave natural de Bakio podrían levantar 1.900 casas y un campo de golf

Greenpeace sitúa los 'puntos negros' del litoral en los puertos deportivos

Greenpeace, en su último informe sobre la destrucción de la costa sitúa la mayor presión en el litoral vasco en Vizcaya, donde hay proyectos avanzados para construir más de 2.000 viviendas. Además, los proyectos de ordenación supramunicipales ya aprobados por el Gobierno vasco permiten la edificación en Vizcaya de cerca de 20.000 viviendas junto al mar a lo largo de los próximos ocho años, una cifra que se duplicará previsiblemente cuando se aprueben los documentos correspondientes al litoral de Guipúzcoa. La Diputación vizcaína ha minimizado esta cifra asegurando que sólo se trata de una previsión y que son los ayuntamientos los que determinarán el número de viviendas que finalmente serán edificadas.

Pero alguno ha seguido fielmente el proyecto de ordenación elaborado. Barrika, con menos de 1.400 habitantes y enclavado en un privilegiado paraje a 10 kilómetros de Getxo, ha elaborado un avance urbanístico que contempla 1.511 nuevas viviendas (el plan de ordenación aprobado por el Gobierno vasco establece una horquilla de entre 622 y 1.584 pisos). Esas edificaciones supondrían multiplicar por más de cinco su población actual.

En Barrika se intenta construir desde hace 20 años en una zona protegida, a menos de 500 metros de la costa. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló hace tres años la recalificación de 18 hectáreas para erigir 97 viviendas, 85 de ellas chalés de lujo. Pero para entonces ya estaban finalizados y habitados 14 chalés.

Ahora está pendiente el recurso presentado por la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Barrika ante el Tribunal Supremo y, si se confirma el fallo, el municipio se enfrenta a una indemnización de varios millones de euros para los promotores de la urbanización, los dueños de los chalets construidos y los que compraron el terreno con licencia.

El otro asunto en los tribunales afecta a la única reserva de la biosfera de Euskadi, la de Urdaibai. En este caso fue el Gobierno vasco el que impulsó una recalificación para construir cerca de 50 chalés en una zona de 27 hectáreas en Ibarrangelu, en un área sita entre las marismas y el encinar cantábrico, las dos joyas naturales de Urdaibai. El Tribunal Superior vasco la anuló al estimar que la consejería de Medio Ambiente actuó con "arbitrariedad" y de manera "incongruente" e "incoherente" con la ley de protección de la reserva. El Ejecutivo autónomo recurrió al Supremo, que todavía no se ha pronunciado, al aducir que la recalificación servía para solucionar los problemas de infraestructuras de saneamiento y de otros servicios en ese barrio.

En esta misma zona se ubica el chalet del ex lehendakari José Antonio Ardanza, que construyó un 38% más de lo autorizado, y fue multado con 25.000 euros por incumplir la ley de Urdaibai, la misma en la que aparece su firma como el entonces máximo responsable del Gobierno. Pero también está en los tribunales porque Ardanza se niega a derribar parte del tejado.

El conflicto de más calado se sitúa en Bakio, de poco más de 2.100 habitantes, donde existen planes para construir 1.900 viviendas. Aquí, el proyecto más polémico incluye 436 pisos y la posible inclusión de un campo de golf a pocos metros de un biotopo (figura de protección para enclaves naturales de pequeño tamaño). En este caso, el Gobierno vasco sí ha mostrado su rechazo; hace ya seis años que solicitó la "la suspensión cautelar" de este proyecto por el impacto sobre la bahía de Bakio y la falta de datos sobre la afección del campo de golf "en un terreno de orografía accidentada". En los otros planes urbanísticos de Bakio han saltado, además, otras polémicas con empresas vinculadas al ex viceconsejero del Gobierno vasco Javier Goirigolzarri, del PNV, beneficiándose de las recalificaciones.

El mejor aliado de la costa guipuzcoana frente a las tentaciones de alterar su paisaje ha sido su propia orografía. Los relieves abruptos y recortados, la línea de acantilados que forma un enorme farallón en prácticamente toda su longitud, han impedido la invasión urbanística que han conocido otras vertientes costeras de España. "La costa guipuzcoana ha crecido a un ritmo de seis viviendas anuales por cada 1.000 habitantes, cuando en otros lugares la media ha superado la veintena", afirman el arquitecto Santiago Peñalba y el abogado Mikel Iriondo, expertos en Urbanismo y redactores del planeamiento urbanístico de San Sebastián.

Una cultura del urbanismo diferente y la aplicación más cuidadosa de la ley de Costas han contribuido también a evitar la ocupación intensiva de la primera línea del litoral vasco. Ana Oregi, viceconsejera de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco, explica que Euskadi se ha dotado de otras "herramientas" legales "muy eficientes" para "proteger la costa", y cita entre otras la ley vasca de Ordenación del Territorio y el Plan Territorial de Protección del Litoral, aprobado en marzo de 2007. "Estos instrumentos ya no permitirán construir más puertos de forma unilateral y tampoco se autorizarán los planeamientos municipales sin una visión global y ambientalista del litoral", asegura la viceconsejera de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco.

Los ecologistas encuentran varios borrones en la costa. El informe de Greenpeace advierte de que la ocupación del suelo se ha "disparado" en las dos últimas décadas en Euskadi y sitúan cuatro "puntos negros" en la franja costera guipuzcoana: los puertos deportivos de Hondarribia y Orio, el comercial de Mutriku y el proyecto de macropuerto a mar abierto de Pasajes, aprobados antes de que se publicara el Plan Territorial de Protección del Litoral.

"Aunque la situación no es comparable con otros puntos de España, y admitiendo que la costa se ha conservado bastante bien porque tiene zonas inaccesibles, el riesgo es que se pueden cometer graves daños con los proyectos de puertos en Mutriku y Pasajes", sostiene Estela Beteta, técnico medioambiental y miembro del grupo ecologista Jaizkibel Bizirik. "El gran olvidado del litoral guipuzcoano es el mar", sentencia.

Hay una coincidencia general en que la urbanización de la primera línea de playa de Orio es una "mancha" que chirría en el plan de protección costero. Bajo el planteamiento de reordenar la zona y crear un nuevo paseo marítimo, se han construido bloques de viviendas a pie de playa que han afeado el paisaje y enfadado a los ecologistas. Del mismo modo, la ampliación del puerto pesquero de Mutriku -el actual quedará para usos deportivos-, impulsado por el Gobierno autonómico, tampoco encaja en la estrategia de preservar el entorno marino.

De todos los impactos que podría sufrir el litoral, el más agresivo sería el del puerto exterior de Pasajes, un proyecto de dársena a mar abierto, adosada al monte Jaizkibel -incluido en la Red Natura 2000- que está levantando muchas ampollas. Lo apoyan abiertamente los socialistas y el PNV, es reticente Eusko Alkartasuna y se oponen frontalmente Ezker Batua, Aralar y ANV. Su coste se calcula en más de 700 millones de euros y se espera ponerlo en marcha en 2020.

A pesar de que en las últimas tres décadas ha existido una tendencia por parte de la población a asentarse en los municipios costeros, lo que se ha traducido en "una fuerte presión urbanística en la primera línea", admite Oregi, "todas las actuaciones realizadas en esta zona han sido bastante moderadas". Considera "muy alentador" que el Gobierno impulse la recuperación de la costa. "Las intenciones de Narbona [ministra de Medio Ambiente] son muy interesantes, porque van en la misma línea que las del Gobierno vasco. Ahora bien, nos chocaría que ese mismo gobierno que plantea la defensa del litoral luego pudiese dar vía libre a proyectos a gran escala como el de Pasajes. No va de acuerdo con el plan de protección del litoral", concluye la viceconsejera de Ordenación del Territorio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 10 de enero de 2008