La fiscalía indaga en las finanzas para perseguir a los 'yihadistas'
El jefe de la célula española de Al Qaeda recibe fondos aunque está preso
Ya lo hizo Elliot Ness con Al Capone, pero eran otros tiempos. La fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido combatir el terrorismo yihadista investigando las cuentas de los presuntos terroristas. Las razones son fáciles de entender. Por un lado, este terrorismo utiliza suicidas, lo que convierte en inútil un castigo penal posterior, y por otro, resulta más fácil seguir los movimientos del dinero que financia las actividades ilegales que encontrar pruebas de la participación de los activistas en los atentados.
Se podría ampliar la prisión del líder de Al Qaeda en España, Abu Dahdah
Hay abiertas varias investigaciones por la financiación del terrorismo islamista
Por ello, sin esperar a que la policía o los jueces insten o abran procedimientos contra los dirigentes que envían muyahidin a Irak, Afganistán o Chechenia, el departamento que dirige el fiscal Javier Zaragoza ha iniciado media docena de diligencias de investigación para perseguir a los islamistas.
Las investigaciones que han dado resultado positivo han sido transformadas en querellas que han sido presentadas en los juzgados centrales de la Audiencia Nacional para ser investigadas judicialmente.
El caso más significativo es el que ha supuesto la prisión preventiva a varios de los integrantes de la célula española de Al Qaeda, que dirigía el sirio Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, condenado a 27 años de prisión en 2005 como responsable de la célula española de Al Qaeda, aunque el Supremo, un año después, redujo su condena a 12 años de cárcel, de los que lleva cumplidos seis.
La Fiscalía, alertada por el Servicio Antiblanqueo (SEPBLAC), observó que, a pesar de que Abu Dahdah o Mohamed Galeb Kalaje, Abu Thala -condenado a nueve años-, se encontraban en prisión cumpliendo sus condenas, a través de la esposa del segundo, su cuñado y el imputado que había resultado absuelto Bassam Dalati, Abu Abdo, se realizaron pagos y vaciamiento patrimonial de la empresa Proyectos y Promociones Paradais, de la que Kalaje era propietario.
El fiscal Vicente González Mota articuló una querella por delitos de colaboración con banda terrorista, falsificación de documentos y blanqueo de capitales, tras descubrir que bajo la apariencia de pagos a inversores, se encubría la financiación de una célula yihadista. Siguiendo instrucciones de Kalaje, Dalati libró en 2006 numerosos cheques por un importe total de 2,4 millones de euros, que en su mayoría fueron cobrados en ventanilla para ocultar el destino de los fondos y su presunta utilización para fines terroristas.
Parte de esos fondos fueron entregados a Abu Dahdah para "financiar células terroristas de carácter yihadista", según el auto del juez Ismael Moreno. Así, Abu Dahdah, previsiblemente, seguirá en prisión después incluso de haber cumplido su condena de 12 años de cárcel.
Otro de los casos investigados por la Fiscalía se refería a la utilización de sociedades instrumentales en el Estado norteamericano de Delaware y la utilización de facturas falsas para financiar actividades terroristas. La Fiscalía convirtió su investigación en otra querella que se está tramitando en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Baltasar Garzón.
Sin embargo, la Fiscalía archivó otra investigación sobre las finanzas del Centro Cultural Islámico de Madrid -ubicado en la mezquita situada junto a la M-30- y los pagos que esa institución realizó a otros centros de oración y particulares en distintas comunidades españolas, por si sus fondos se desviaban a organismos o personas vinculadas con actividades terroristas, si bien desglosó los pagos realizados al imán de la mezquita de Toledo, Hichan Tensamani.
Hacia un delito específico
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha impulsado en el organismo que dirige la aplicación de los métodos que ya utilizaba en la Fiscalía Antidroga, de la que procede, para investigar los delitos relacionados con el blanqueo de dinero.
"En la actualidad", afirma Zaragoza, "este tipo de delitos tiene su apoyo en el Convenio sobre la Represión del Terrorismo de 1999 que considera que la financiación del terrorismo es una forma de colaboración con banda armada y lo castiga con penas de entre 5 y 10 años de prisión. Sin embargo", puntualiza el fiscal jefe, "en el futuro debemos ir hacia una tipificación específica del delito de financiación del terrorismo".
"Su filosofía", agrega Zaragoza, "debe ser como la que se aplica en la investigación del blanqueo de capitales, es decir, que no es preciso demostrar el hecho concreto, sino que va destinado a ese fin". Ello supondría, tras la correspondiente reforma del Código Penal, que no habría que demostrar que los movimientos de capitales detectados por el Servicio Antiblanqueo (SEPBLAC) tienen como finalidad financiar un atentado concreto, sino que bastaría con acreditar que los fondos serían utilizados como medio de financiación del terrorismo, independientemente de que la financiación lo fuera de un atentado, de una célula o comando de terroristas o de toda la organización.
Por tanto, se podría perseguir como un delito autónomo, sin tener que incardinarlo en una colaboración con organización terrorista de carácter yihadista.
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