Un mural artístico en apuros

Arte, vecindario, Gobierno regional. En esta tríada se encuentra enredado un litigio de alcance social y estético de difícil encaje. El tiempo del relato arranca de 1992. Y su espacio es el de la plaza Elíptica, también llamada de Fernández Ladreda. El arte lo puso el arquitecto y escultor Diego Moya (Jaén, 1943), al que el Gobierno regional, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid, encomendó hace 15 años idear y construir un mural de grandes dimensiones.

Iba a ornamentar el flanco más visible de un edificio de 12 pisos de protección oficial de Marcelo Usera, 170, que mira hacia la plaza. Sobre su vano a Poniente aplicó Moya una obra que define deconstructivista, con la que dice expresar la evolución estratificada de un proceso tectónico mediante una suerte de árbol torsionado de vigorosa tensión.

Una sentencia insta al Gobierno regional a demoler la obra

Las dimensiones de esta escultura pintada son 35 metros de altura por 9,5 de anchura y un espesor de 1,5 metros. Los materiales, acero, poliéster, fibra de vidrio, neón y halógenos. Inaugurada por el consejero de Política Territorial el 14 de mayo de 1993, fue primer premio de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Costó 50 millones de pesetas, unos 300.000 euros. Tres artistas más, Javier Franch, Carlos Oliver y Serafín Palazón, y siete empresas, intervinieron en la obra.

Los vecinos son los inquilinos del inmueble de Marcelo Usera, 170, que accedieron en 1995 a la propiedad de los pisos ornamentados con el mural. El problema reside en que ni la comunidad de propietarios ni el Ivima se responsabilizan de su mantenimiento; los vecinos lo consideran muy costoso para su economía. Y el Gobierno regional, a través de un portavoz de la Consejería de Vivienda, señala: "Al haber sido vendidos los pisos a sus vecinos en 1995, son ellos los responsables del mantenimiento del inmueble, con todos sus aditamentos".

En poder del vecindario obra una sentencia de enero de 1999, recurrida al poco; otra de noviembre 2002; más un procedimiento de ejecución de 20 de mayo de 2004 del Juzgado de Primera Instancia número 18, que insta al Ivima a demoler el mural. En poder de la Comunidad se hallan los certificados de venta a los vecinos. La espiral se complica porque en caso de que el retablo urbano sufra desprendimientos -"cosa que ya sucedió", explica el secretario vecinal Rafael Ramírez- sólo seis pies y medio de varón adulto separan la vertical del panel de la escalera de la boca del metro de Plaza Elíptica, concurrida a diario por varios miles de viajeros.

El presidente de la comunidad de propietarios, Santiago Palacios, dice haber intentado previamente asegurar el mural en distintas compañías: "Pero al comprobar su falta de mantenimiento, rechazan hacerlo".

Una complicación adicional: el revestimiento artístico -que contaba con iluminación solar cambiante por el día, más otra halógena cortada por falta de pago un mes después de inau-gurada- posee aún una góndola metálica situada encima del inmueble. La góndola, sin usar desde 1995, causa problemas a una inquilina del ático, de nombre Pascuala, según una conserje del edificio.

El escultor Diego Moya, con abundante obra en ciudades españolas, norteafricanas y europeas, más exposiciones en Holanda, Bélgica, Francia y Marruecos, defiende su mural: "Se trata de un documento estético de una época de la vida de la ciudad, situado en un barrio obrero que carece de cualquier tipo de dotación artística". El arquitecto y escultor teme que la eventual demolición "pudiera ocultar el deseo de algún desaprensivo por reemplazarla con un reclamo publicitario, con réditos para unos pocos". Por su parte un vecino comenta: "Si el Ivima se hiciera cargo del mantenimiento, todos ganaríamos, vecinos y autor".

Un peritaje está en marcha.