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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Obispos en campaña

Las acusaciones al Gobierno convirtieron el acto en pro de la familia en un mitin político

Las decenas de miles de personas que respondieron ayer a la convocatoria del Arzobispado de Madrid en defensa de la familia cristiana recibieron los mensajes que ya se han convertido en una obsesión para la jerarquía católica española. En opinión de los representantes del episcopado que intervinieron en la plaza de Colón, el Gobierno socialista trabaja para destruir la familia, mediante leyes como la que regula el matrimonio entre homosexuales, el divorcio exprés, la Educación para la Ciudadanía o el aborto. Consideran que tales leyes son inicuas y, según el cardenal de Madrid, Rouco Varela, "una marcha atrás en los derechos humanos" y, por supuesto, niegan que exista otra familia que la heterosexual.

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Todas las obsesiones generan una atmósfera malsana, porque excluyen la reflexión y la autocrítica. A pesar de las graníticas acusaciones lanzadas ayer por los oradores episcopales, las leyes sobre el divorcio, el matrimonio homosexual o el aborto responden a la necesidad de regular situaciones que se producen en una sociedad abierta y democrática. La insistencia en que sólo existe un tipo de familia reconocible y defendible es un comportamiento teocrático y que demuestra bien poco respeto a la independencia del poder civil o laico frente a las férreas posiciones de una confesión religiosa, muy respetables siempre que no traten de imponerse a todos.

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Los obispos convocantes orientarían mejor sus esfuerzos si en lugar de cultivar la manía persecutoria analizasen las causas por las que su discurso religioso tiene cada vez menos crédito. Nadie ataca a la familia en España, y su crisis, de existir, se debería a la estrechez de miras con que sus defensores se han empeñado en negar que la sociedad acepta otras formas de convivencia basadas en principios de afectividad y respeto que la propia Iglesia dice defender. Mal Gobierno sería el que asfixiara esas otras expresiones de convivencia.

El encuentro de ayer tuvo las características de un acto político. La obsesión persecutoria, la repetición de mensajes poco articulados, como el de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad o la ofuscada acusación al Gobierno de todos los males que aquejan a la Iglesia, confirman que fue un mitin electoral encubierto. Resulta chocante tanta contumacia contra un Gobierno, el de Zapatero, que ha adoptado medidas que tienen un impacto directo en la protección de la familia, cuando no en su fomento. Algunas, como la Ley de Dependencia o la iniciativa para universalizar la educación de 0 a 3 años, afectan de forma positiva en el bienestar de los hogares. El exabrupto del cardenal de Valencia, García-Gasco, de que el laicismo conduce a la disolución de la democracia ratifica la criticable calidad política de la convocatoria. Al contrario, la democracia se disuelve cuando quienes deben respetarla, como los obispos, irrumpen sin miramientos en tareas que no les corresponden.

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