Camps y la Constitución

Si se apellidara Ibarretxe y militara en el Partido Nacionalista Vasco, los suyos (con él a la cabeza), lo estarían poniendo a caldo. Aunque sólo se apellidara Maragall y perteneciera a un partido catalán de tradición federalista, lo arrojarían a los pies de los caballos. Francisco Camps, sin embargo, tiene la ventaja de acogerse a una retórica española de piedra picada. "Más Constitución, más lealtad y más convivencia", declaró como justificación ideológica de la reforma del Estatut d'Autonomia valenciano que acababa de pactar con los socialistas hace sólo un año y medio. Y añadió entonces, para justificar su afirmación inverosímil de que la iniciativa rechazaba frontalmente la España federal: "Estoy seguro de que la España del siglo XXI ya no puede ser asimétrica, Todas las comunidades son iguales. Todos los españoles somos iguales. Todos los españoles debemos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones...".

Rambla y Bernabé reconocen un componente jurídico en el conflicto

Su partido descartó hace un mes incluir en su propuesta de reforma de la Constitución ideas tendentes a recuperar competencias autonómicas en beneficio del Gobierno central (como habían barajado seriamente algunos de sus dirigentes), pero la convención nacional del PP abogó finalmente por fijar un núcleo básico de competencias del Estado que sean intransferibles "para poner coto a la subasta con los nacionalistas".

Nada de ello ha impedido a Camps recurrir sin éxito el Estatuto de Andalucía porque incluye una cláusula de financiación en función de la población que el presidente del Consell reclama también para la Generalitat valenciana; apelar, contra la propia lógica de la sentencia, a que el rechazo por el alto tribunal de los recursos de Aragón y Castilla-La Mancha contra el Estatut era un "mandato constitucional" para que el Gobierno de España ejecutara el trasvase del Ebro; promulgar una ley de régimen matrimonial que se distancia de la norma general vigente en España y defender que se pueden modificar, en nombre de la historia valenciana, derechos generales desde el reconocimiento en el Estatut de los privilegios perdidos (o lo que es lo mismo, desde un derecho foral que no fue reconocido explícitamente en la Constitución).

Más allá de la idoneidad (discutible) de generalizar la separación de bienes matrimonial y convertir los gananciales en excepciones (justo al revés que en la mayor parte de España), la postura de Camps prevé extenderse al derecho sucesorio y quién sabe a qué más, como si los instrumentos de los nacionalistas periféricos y de los federalistas bienintencionados sólo fueran legítimos en manos de cierta derecha de discurso patriótico y victimista. "Nada de soberanías fraccionadas", dijo con énfasis para justificar el nuevo Estatut. Lo mínimo que se puede decir es que la actitud del presidente Camps ante la Constitución es algo hipócrita.