El Consell inspecciona las rutas de transporte escolar

La descoordinación entre la consejería de Educación y la de Transportes -un defecto de origen que ya se advertía desde la primera normativa autonómica de 1984 para regular el servicio escolar, aún vigente- para delimitar sus funciones sobre el control del transporte de menores; la verificación de las fuertes exigencias europeas en materia de seguridad del alumnado transportado y la obligación legal de extremar la vigilancia sobre las autorizaciones de las licencias y la vigencia de las pólizas y seguros a todo riesgo, ha forzado a la Generalitat valenciana a extremar los "controles sobre los concesionarios del transporte autonomico" y, concretamente, sobre las empresas adjudicatarias del transporte escolar para los próximos cuatro años, ante el cúmulo de denuncias recientes.

Las infracciones van de carecer de seguro o autorización a alterar la parada

La Generalitat está forzada a diseñar, a corto plazo, un plan integral del sector

Todo ello en un sector disconforme con el modelo de adjudicaciones implantado hace dos años por Educación, que ha degenerado en una batería de recursos en los tribunales por parte de transportistas de las dos patronales, Adiva y Uvatra, que han impugnado varias licitaciones que ponen en jaque el 70% de las 218 rutas escolares de la provincia de Valencia, cuya concesión asciende a 72 millones.

Las inspecciones realizadas en noviembre y diciembre han destapado la caja de los truenos de un sinfín de irregularidades en el día a día del transporte de escolares que van desde: funcionar sin autorización de Transportes o carecer de tacógrafo hasta funcionar sin seguros a todo riesgo en vigor, utilizar taxis o furgonetas en vez de autobuses (algo totalmente prohibido en la normativa) o modificar los puntos de las paradas y recogidas y, por ejemplo, operar con matrículas distintas de las contratadas. Algo que ya denunciaron en 2006 tres empresarios de Utiel-Requena ante Educación -y también ante los tribunales presentando una batería de pruebas documentales y gráficas- en contra de la UTE que se hizo con la concesión en la comarca del Valle de Ayora.

Ante el volumen de infracciones denunciadas desde septiembre de 2006 -en unos casos, por parte de los propios transportistas; y, en otros, de los agentes de Tráfico especializados- la Dirección General de Transportes decidió en noviembre de 2007, coincidiendo con una investigación de este periódico, hacer "una campaña para intensificar el control del transporte escolar en la provincia de Valencia".

En paralelo, Transportes ha contratado a una consultora catalana para que elabore un informe sobre los concesionarios del transporte autonómico que operan en la provincia. Se trata de una medida para poner orden en un sector donde la dispersión de normas -contradictorias incluso entre ellas, como ocurre con el llamado derecho de preferencia (anulado en Bruselas, pero vigente en la ley autonómica)- y la voracidad de la competencia de compañías nacionales y extranjeras, obliga a la Generalitat a tener que "diseñar a corto plazo un plan integral" que favorezca la concentración de un sector económico difícil.

Difícil, porque lo integran "unos 600 microempresarios que dan empleo a 2.000 trabajadores", la mayoría en precario o subcontratados -y con una flota media de entre 1 y 3 vehículos por cabeza- sin que haya mecanismos efectivos de verificación y control de vehículos, facturación y documentación fiscal.

Transportes ha contratado para ello a una reconocida consultora catalana, Cinesi, experta en diseñar planes de gestión del transporte regular o municipal con éxito como ya hizo en Barcelona o en Baleares. El proceso -que gestó en noviembre tras varias reuniones con las patronales Adiva y Uvatra- se puso en marcha formalmente el 28 de noviembre con el envío de una serie de formularios para conocer al detalle las tripas de cada uno de los concesionarios de servicios regulares de uso especial, líneas de transporte escolar o servicios de transporte urbano.