Votaciones de infarto

La VIII legislatura, que será disuelta por el Consejo de Ministros el 14 de enero próximo, celebró esta semana sus últimos plenos. Las votaciones del Congreso -suya es la palabra definitiva cuando discrepa del Senado- sobre el veto a los Presupuestos y la enmienda al canon digital de la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información aprobados por la Cámara Alta fueron aguardados el jueves con incertidumbre. Aunque la reprobación a la ministra de Fomento por el Senado el martes anterior estaba descontada, tampoco era fácil calcular su alcance.

El Congreso se comportó según las reglas clásicas del suspense. La ausencia o realineamiento de un reducido número de diputados comprometidos con el Gobierno habría podido arruinar la mayoría absoluta necesaria para levantar el veto del Senado y confirmar en su integridad los Presupuestos ya aprobados por la Cámara Baja. Pero el Congreso logró finalmente evitar la prórroga de los Presupuestos de 2007 pagando como único peaje el destierro al limbo de aquellas enmiendas que el Senado había inútilmente tramitado.

El Senado reprueba a la ministra Álvarez y el Congreso levanta el veto y rechaza la enmienda sobre el canon digital

El destino final de la enmienda del canon digital aprobada a instancias de ERC con respaldo del PP, que modificó inesperadamente el sentido de su anterior voto en el Congreso, no era fácil de prever. Esta vez, la mayoría simple resultaba suficiente: el Gobierno cumplió el objetivo de juntar los aliados necesarios para restablecer el texto aprobado antes por la Cámara Baja.

Aunque el guionista de la trama del Senado no fuese Alfred Hitchcock, sino sólo un discípulo, la reprobación a la ministra de Fomento por la Cámara Alta el pasado martes también creó expectación. La tentativa de castigar parlamentariamente a Magdalena Álvarez en el Congreso había fracasado por tres votos de diferencia: el frente de rechazo de los diputados estuvo formado por los nacionalistas catalanes, IU, Coalición Canaria y el PP. Los populares también participaron en la reprobación del Parlamento catalán a la ministra de Fomento. A la vista de esos precedentes fue incongruente que los nacionalistas catalanes abandonaran al PP en el Senado y le obligaran a linchar por mayoría simple en solitario a la titular de Fomento.

La reprobación parlamentaria de los ministros -practicada también por los socialistas cuando estaban en la oposición- carece de cobertura de la Constitución, cuyo artículo 100 establece inequívocamente que los miembros del Gobierno son "nombrados y separados" por su presidente. Si ese tipo de mociones están ya fuera del ámbito de competencias del Congreso, a quien corresponde investir y destituir al jefe del Ejecutivo, la pretensión del Senado o de una asamblea autonómica de ensayar ese camino resulta grotesca. Se diría que los parlamentarios españoles se divierten disfrazándose de verdugos de una convención jacobina defenestradora de ministros casi tanto como los aristócratas franceses vistiéndose de pastores y pastoras en el Versalles de María Antonieta.