El corazón de ETA
La Audiencia avala la investigación de Garzón, que considera parte de ETA a su entorno civil
La organización ETA no sólo la forman los activistas armados, sino, con ellos, los miembros no armados de una red de organismos que forman sus frentes de masas, institucional, mediático, internacional, ideológico, entre otros. Es lo que sostiene con pruebas la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a 525 años de prisión a 47 personas juzgadas en el macrojuicio contra el entorno de la banda, también conocido como sumario 18/98, en referencia al año en que se iniciaron las diligencias que culminan con esta histórica resolución.
Lo esencial de la misma confirma lo que se conocía a través de autos anteriores del juez Garzón. Durante años existió una especie de estado mayor del entramado etarra denominado Coordinadora Abertzale Sozialista, KAS, que dirigía todo el tinglado de acuerdo con la estrategia de coacción de la banda. En esa coordinadora participaban representantes de los diferentes frentes, pero no como simples colaboradores externos, sino como parte de la banda misma, su "corazón" organizativo, según la sentencia.
Desde hace años se conocían decenas de actas de KAS de las que se deduce esa forma de funcionamiento. Tras la declaración de ilicitud de KAS, la banda ideó otro mecanismo denominado Ekin que asumió similares funciones al frente del tinglado. El esquema organizativo no significa que todos los que trabajasen en cualquiera de esas estructuras fuera miembro de ETA, pero sí los dirigentes de las mismas, que tenían una especie de doble militancia, la pública y la clandestina.
Sin esa trama, ETA sería una banda de delincuentes comunes; a través de ella capitalizaba políticamente los efectos de la coacción organizada en torno a su sección militar. Todo esto no era desconocido en el País Vasco, aunque se ignoraran los detalles sobre cómo se producía la conexión y qué personas encarnaban cada función. La sentencia, recurrible ante el Supremo, trata de personalizar esas responsabilidades, de acuerdo con las normas propias del derecho penal.
Por eso resulta lamentable que los partidos nacionalistas democráticos asumieran ayer las descalificaciones burdas del propio entorno etarra; la voluntad de derrotar a ETA implica la de acabar con la impunidad de quienes pretendían actuar con un pie dentro y otro fuera de la ley.
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