La fiscalía pide medidas para eludir el fin de la suspensión de Batasuna

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha instado al juez Baltasar Garzón a que adopte las medidas cautelares que considere procedentes para prevenir los efectos del fin de la suspensión de actividades de Batasuna, que se producirá el 17 de enero del próximo año.

El proceso del juez Garzón contra Batasuna está a punto de concluir

Es necesario un informe sobre los vínculos de ETA con las 'herrikos'

La suspensión de actividades de Batasuna -decretada por Garzón en 2002- abarcaba la capacidad de "participar como partido, organización o grupo en cualquier actividad o ámbito nacional o internacional, público o privado o institucional", independientemente de su ilegalización al amparo de la Ley de Partidos Políticos. Igualmente suspendía la "capacidad de convocar manifestaciones, concentraciones, caravanas o cualquier acto público o de asistir a los mismos". También se suspendía "cualquier tipo de actividades propagandísticas, instalación de signos, utilización de espacios, elementos identificativos" de Batasuna; se acordaba la clausura y precinto de las sedes; al tiempo que, entre otras medidas, se cancelaban las páginas y servicios que la formación pudiera tener contratados en Internet.

La posterior sentencia de ilegalización de Batasuna del Tribunal Supremo, de marzo de 2003, ya suponía la suspensión de actividades públicas y privadas de la formación abertzale. Sin embargo, el 17 de enero de 2006, el juez Fernando Grande-Marlaska (sustituto temporal de Garzón) tuvo que acordar de nuevo la suspensión por dos años, a la vista de que Batasuna, de facto, no respetaba la sentencia del Supremo. Sus miembros se reunían públicamente, mantenía reuniones orgánicas e incluso llegó a convocar un congreso que intentó celebrar en el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo (Vizcaya) el 21 de enero de 2006, y que fue impedido por la Ertzaintza.

Los dos años por los que se decretó la nueva suspensión de actividades concluyen el próximo 17 de enero, porque se cumple el plazo improrrogable de cinco años que establece el artículo 129 del Código Penal, para suspender de actividades a una empresa o formación política. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional teme que pueda producirse una situación similar a la que se produjo en 2005 y 2006 en la que los representantes de Batasuna convocaron reuniones, ruedas de prensa, actos y manifestaciones, al amparo de que nadie hacía cumplir la sentencia del Tribunal Supremo.

Para evitarlo, el fiscal Juan Moral remitió un escrito a Garzón en el que le recuerda que la sentencia que declaró la ilegalidad de Batasuna y su "consiguiente disolución" ya supone la suspensión de actividades. Los partidos ilegales y disueltos, dice el fiscal, no pueden tener "participación o actividad alguna en la vida pública, so pretexto de incurrir en las consecuencias penales a que diera lugar el incumplimiento de dicha resolución. (...) La ilicitud de sus actividades viene directamente determinada por la propia resolución".

Sin embargo, el fiscal precisa en su comunicación que "con el fin de preservar el correcto funcionamiento del Estado de derecho y prevenir la comisión de las infracciones que pudieran cometerse (...) deberán adoptarse las medidas cautelares que sean precisas para impedir cuantas actividades pretendan realizar y supongan un quebrantamiento de la sentencia del Tribunal Supremo".

Al mismo tiempo, el fiscal señala en su escrito que debe mantenerse la administración judicial de las herriko tabernas, debido a la "evidente necesidad de garantizar los derechos y patrimonios que fueron embargados".

La fiscalía precisa que la medida no tiene otro fin que preservar el mantenimiento y correcto funcionamiento de las mismas sin frustrar los derechos que terceros o la propia causa penal pudieran tener en el hecho de que las mismas sigan ejerciendo su actividad de forma normal.

La fiscalía considera que la instrucción está a punto de concluir y antes de pedir al juez que concluya la causa y eleve el sumario a la Sala considera que debe emitirse un informe definitivo sobre las vinculaciones de cada una de las herriko tabernas con el entramado de Batasuna y ETA, detallando de forma individualizada los indicios existentes sobre cada una de ellas.

El fiscal considera que el juez debe comunicar estos extremos a la Sala del Supremo que ilegalizó a Batasuna.

Ahora, corresponde al juez Garzón decidir sobre las medidas cautelares concretas a adoptar para que Batasuna y sus dirigentes no vulneren la sentencia del Tribunal Supremo, de acuerdo con lo solicitado en su escrito por el fiscal.

Aunque el magistrado tiene de plazo hasta el 17 de enero es probable que se pronuncie la semana próxima.