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El juez decreta prisión para el jamonero de Trevélez

El empresario huyó al Caribe tras una supuesta estafa de 25 millones

Javier Martín-Arroyo

El juez titular del Juzgado de Instrucción 1 de Órgiva, Antón Henares, dictó ayer prisión comunicada sin fianza para Antonio Herrera, conocido como "el jamonero de Trevélez", que huyó tras dejar una deuda de 25 millones de euros a 300 damnificados en la Alpujarra granadina. Tras su detención en Santo Domingo por la Interpol, Herrera solicitó ayer al juez ingresar en la cárcel, donde hoy celebra su cumpleaños, para evitar posibles represalias, ya que teme por su vida. El juez le imputa cinco delitos: estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, un delito contra la hacienda pública y otro societario. "Soy consciente de que he perjudicado a mucha gente, pero yo también he perdido mi negocio y familia", alegó. Herrero reconoció los hechos que se le imputan, pero afirmó que huyó en 2004 del país sin apenas capital, y explicó que la astronómica deuda se debió a su nefasta gestión de la empresa Jamones Fernando desde 2000, cuando ésta comenzó a sufrir pérdidas.

El empresario alpujarreño pidió durante años a sus paisanos que invirtieran sus ahorros en su compañía a cambio de intereses de entre el 16 y el 22%. La mayoría de los 800 vecinos del pueblo cayeron en la trampa de los jugosos beneficios por la confianza que inspiraba este anterior director de la caja de ahorros local.

En una prolongada declaración tras su huida de tres años y un mes, Herrera contó al juez que se sintió "muy amenazado" y que huyó para salvar su vida, pero no se mostró arrepentido de su "huida hacia delante", según fuentes del caso. El jamonero se mostró tranquilo durante las casi cuatro horas de declaración, durante la que explicó que en Santo Domingo ejerció labores de corredor para varias inmobiliarias.

"Prácticamente se ha incriminado y reconocido los hechos", aseguraron fuentes del caso, pese a que negó haber cometido estafa alguna. Al mismo tiempo que el magistrado decretaba su imputación por la que ahora ha sido detenido, se abrió un proceso concursal (quiebra) en su empresa para tratar de pagar a los 300 acreedores que lo denunciaron, pero esta segunda causa se cerró sin que ninguno de los vecinos haya recuperado un solo euro. "Qué casualidad que una vez cerrado el proceso concursal haya aparecido y no antes", ironizaba ayer a las puertas del juzgado Jesús Gallego, empresario al que Herrero adeuda 12.000 jamones.

El juez dio preferencia a las entidades bancarias frente a los vecinos, que no firmaron documentos legales para conceder sus préstamos. El empresario se considera "un hombre arruinado" y ayer exculpó a su familia de la abultada deuda.

Un engaño basado en la confianza

Antonio Herrera contaba con información privilegiada de los vecinos de Trevélez y conocía sus movimientos bancarios y abultados beneficios. Cuando desde la banca dio el salto al negocio del jamón, instauró sus propios métodos y engañó a la mitad de la población. Las inversiones y ahorros de los vecinos a espaldas de Hacienda se basaban en la confianza depositada en Herrera. "Hasta que pasó este fraude, un apretón de manos significaba más que cualquier papel, porque este negocio se basa en la confianza", relataba ayer Alfonso José Pérez, a quien Herrera adeuda 130.000 euros. La confianza permanece como ley para cerrar negocios en la Alpujarra. "Nadie va con un notario arriba y abajo para decir que ha dejado unos jamones en el saladero", añade Pérez.

El jamonero comenzó en 2000 una espiral de pérdidas que se tradujo en una funesta trampa para multitud de paisanos, que no han denunciado porque no declararon el dinero invertido a Hacienda. Los préstamos continuaron y Herrera establecía como seguro los jamones, o en su defecto su propia empresa. Pero en los últimos años sus trampas empezaron a multiplicarse. "Vendió una misma partida de jamones a cinco personas distintas. Compraba a mil pesetas el kilo y vendía a 800, por eso la competencia estaba deseando que cayera", relata Jesús Gallegos, de la plataforma de afectados.

Los 300 acreedores han perdido la esperanza de recuperar la insólita deuda.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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