Aguirre quiere saber cómo afectará el tráfico a las zonas cercanas

A la Comunidad de Madrid no le gustó ayer nada que el ministro de Cultura, César Antonio Molina, pusiera fin al conflicto sobre el eje Prado-Recoletos con un acuerdo entre el Ayuntamiento, el ministerio y la Fundación Thyssen. Por eso, a media tarde, el Gobierno regional se apresuró a anunciar que condiciona su visto bueno preceptivo al proyecto municipal a que el Consistorio le presente "exhaustivos" planes de movilidad y de medio ambiente, según explicó un portavoz del Ejecutivo regional.

A mediodía, el vicepresidente primero, Ignacio González, había recordado que en la tramitación del proyecto municipal, la Comunidad de Madrid tiene la última palabra. El paseo del Prado fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento por el Gobierno regional en 1999, cuando lo presidía el hoy alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Eso somete a cualquier proyecto de obras a fuertes limitaciones ambientales y de protección del patrimonio.

"Es un proyecto de envergadura extraordinaria", recalcó ayer el vicepresidente Ignacio González, que insistió en que afectará a unos 600.000 vecinos de cuatro distritos: Arganzuela, Centro, Retiro y Salamanca.

"Las limitaciones de tráfico en la zona supondrán el desplazamiento de vehículos a otras zonas y, en la medida en que esa circulación afecte al Jardín Botánico o al Retiro, implica unas afecciones medioambientales sobre las que la Comunidad va a estar muy vigilante", puntualizó. Por eso, reclama al Ayuntamiento un estudio que incluya "todos los contaminantes atmosféricos que se generen por el tráfico y su repercusión" sobre los ciudadanos.